El Consello Consultivo ha resuelto estimar la reclamación del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en relación a la demolición parcial de su vivienda por la que se le debe indemnizar con un total de 58.813 euros. Así, el reclamante solicitaba responsabilidad patrimonial al propio Ayuntamiento de Oleiros, la Xunta y la Administración del Estado por haber realizado actos y omisiones que generan contradicción en la línea de servidumbre de protección en los diferentes documentos de del planeamiento y gestión del polígono 2 del Plan Parcial As Galeras, todo ello a raíz de una denuncia formulada por el Servizo de Vixilancia de la
Así, el reclamante solicitaba responsabilidad patrimonial al propio Ayuntamiento de Oleiros, la Xunta y la Administración del Estado por haber realizado actos y omisiones que generan contradicción en la línea de servidumbre de protección en los diferentes documentos de del planeamiento y gestión del polígono 2 del Plan Parcial As Galeras, todo ello a raíz de una denuncia formulada por el Servizo de Vixilancia de la Demarcación de Costas en Galicia, la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos que se impuso a García Seoane.
De este modo el Consello Consultivo establece que 'la imputabilidad del Ayuntamiento de Oleiros resulta indubitada' en virtud de lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley del suelo de Galicia. En cuanto a la Administración estatal, de la documentación obrante en el expediente 'parece desprenderse un deficiente funcionamiento de aquella', pues no detecta en sus informes 'la contradicción entre los planos y el erróneo grafiado en uno de ellos de la línea de servidumbre'.
Sobre la Administración autonómica dice la resolución que el informe de la Xunta de junio de 1998 'no hizo observación alguna sobre el particular'.
De este modo el Consello Consultivo establece que 'la imputabilidad del Ayuntamiento de Oleiros resulta indubitada' en virtud de lo previsto en el artículo 45.2 de la Ley del suelo de Galicia. En cuanto a la Administración estatal, de la documentación obrante en el expediente 'parece desprenderse un deficiente funcionamiento de aquella', pues no detecta en sus informes 'la contradicción entre los planos y el erróneo grafiado en uno de ellos de la línea de servidumbre'.
Sobre la Administración autonómica dice la resolución que el informe de la Xunta de junio de 1998 'no hizo observación alguna sobre el particular'.
