Alternativa Española (AES) ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el presidente del Gobierno gallego y candidato del PSdeG a las autonómicas, Emilio Pérez Touriño, por el posible delito de malversación de fondos públicos que, a su juicio, constituyen los gastos destinados por el Ejecutivo autonómico a reformas suntuosas.
En un comunicado, la formación recriminó a Touriño que autorizase gastos que ni eran necesarios ni era urgentes. Mucho menos en estos momentos de crisis económica en que es necesario reducir el gasto público, apostilló.
Entre otros ejemplos, citó la remodelación de tres salas de la Xunta por valor de cuatro millones de euros, que incluye, por ejemplo, la adquisición de sillas por 2.269 euros la unidad; o la compra de un coche oficial para el máximo mandatario gallego por 480.000 euros.
DEPURAR RESPONSABILIDADES
AES se mostró muy crítico con estos gastos, teniendo en cuenta que Galicia es la tercera comunidad con peor saldo comercial y que, por ejemplo, ha necesitado 1.686 millones de euros del Estado para cubrir el pago de las pensiones en la comunidad.
Por todo ello, concluyó que la actuación del presidente gallego podría ser constitutiva de delito de malversación de fondos públicos.
Destinar cantidades ingentes de caudales públicos a reformas suntuosas, innecesarias e hirientes a la conciencia social es algo ajeno a la función pública, reflexionó, por lo que instó a la Fiscalía a investigar y depurar todas las responsabilidades.
Entre otros ejemplos, citó la remodelación de tres salas de la Xunta por valor de cuatro millones de euros, que incluye, por ejemplo, la adquisición de sillas por 2.269 euros la unidad; o la compra de un coche oficial para el máximo mandatario gallego por 480.000 euros.
DEPURAR RESPONSABILIDADES
AES se mostró muy crítico con estos gastos, teniendo en cuenta que Galicia es la tercera comunidad con peor saldo comercial y que, por ejemplo, ha necesitado 1.686 millones de euros del Estado para cubrir el pago de las pensiones en la comunidad.
Por todo ello, concluyó que la actuación del presidente gallego podría ser constitutiva de delito de malversación de fondos públicos.
Destinar cantidades ingentes de caudales públicos a reformas suntuosas, innecesarias e hirientes a la conciencia social es algo ajeno a la función pública, reflexionó, por lo que instó a la Fiscalía a investigar y depurar todas las responsabilidades.