Cuando Álvaro García Ortiz (Salamanca, 1968) llegó para hacerse cargo de la fiscalía de Medio Ambiente, Galicia todavía no había digerido la mayor catástrofe ecológica de la historia provocada por el hundimiento del Prestige en las costas gallegas, un caso demasiado complejo que casi seis años después acumula miles folios de sumario y sigue generando titulares.
El fiscal de Medio Ambiente mantiene un seguimiento constante del caso Prestige, pero no puede permitirse una dedicación exclusiva. Hay demasiados delitos ecológicos y son muchas las investigaciones coordinadas por Álvaro García Ortiz: la contaminación de las rías, la pesca con explosivos, los vertidos en los ríos, etc. La acción acusatoria en materia de incendios forestales fue, con toda probabilidad, la que le hizo vivir uno de los momentos más difíciles al frente de la Fiscalía tras la oleada de fuegos que arrasaron los montes gallegos en el verano de 2006. No hay momento de descanso para el fiscal, al que siempre le faltan medios y tiempo.
Cuando llegó a la Fiscalía pidió la colaboración ciudadana porque aseguraba no estar dispuesto a hacer lo mismo que su colega asturiano, que aprovechaba sus paseos en bicicleta del fin de semana para sacar fotos y recoger pruebas de delitos medioambientales. ¿No ha sentido nunca esa tentación? Mantengo la postura inicial, pero la matizo. Sigo pensando que nuestras investigaciones no deberían iniciarse de oficio, pero estamos demasiado en manos de los denunciantes; lo interesante sería tener más tiempo y más medios, pero lamentablemente no es así. En vista de esta realidad, hemos tenido que tomar la iniciativa en algunos aspectos y, por ejemplo, le hemos planteado al fiscal superior investigaciones sobre incendios que han servido para hacer un análisis interesante.
Han conseguido, además, avivar el debate social y despertar la conciencia ciudadana.
Sí, aunque ésa no es la misión de la Fiscalía; nosotros debemos buscar una respuesta científico-policial, pero es cierto que las intervenciones de la Fiscalía se convierten en un referente en algunos asuntos. Cada vez me planteo más la posibilidad de actuar de oficio, pero no hay tiempo. Siempre es necesaria la colaboración ciudadana.
¿Dispone usted de algo en el punto de mira para esas actuaciones de oficio? Lo más lógico es pensar en hechos de relevancia, los llamados delitos escaparate, pero en esos casos ya suele haber atestados policiales. Hemos actuado, por ejemplo, con los vertederos porque detectamos puntos ilegales y había que investigar las responsabilidades de ayuntamientos, empresas o particulares.
Hay otros casos en los que no actúa de oficio. La Federación Gallega de Cofradías de Pescadores presentó denunció el verano pasado los vertidos de aguas fecales a bancos marisqueros que ponen en peligro el empleo directo de más de nueve mil personas. ¿En qué fase está? Hemos solicitado al juzgado que complete las investigaciones para que podamos centrar una imputación concreta. Tomando como base el estudio encargado por las cofradías a un grupo de biólogos, ordenamos una investigación sobre los vertidos en las rías de aguas fecales sin depurar o sin purificar lo suficiente. El informe presentado por las cofradías era tan extenso y exhaustivo que nos ha obligado a centrarnos en el punto de más gravedad, la ría de Corcubión. También sería interesante investigar la ría del Burgo, pero ya había otras denuncias.
Los biólogos que realizaron el estudio aseguran que la contaminación es grave o muy grave en la totalidad de las rías.
Es un estudio muy serio y completo, pero nosotros teníamos que concretar la investigación en los puntos más importantes y fijar nuestra atención en las aguas fecales; de lo contrario, no podría estar ya en el juzgado.
¿Por qué escogieron la ría de Corcubión? Tiene unas características muy propias, es una ría que no evacua con la facilidad que lo hacen las otras. Analizamos las fecales y buscamos un caso en el que está mas clara la conexión entre el foco contamínate y la contaminación.
¿Quiénes son los principales responsables? El problema en las fecales es el tratamiento de las aguas residuales, hay que mejorar en la depuración. Los responsables pueden ser los ayuntamientos, pero también puede haber urbanizaciones privadas que se enganchan sin permiso a la red y vierten sus aguas sin tratamiento previo. La contaminación de los ríos y rías se debe, fundamentalmente, a las aguas resi duales y a la deficiente gestión de los residuos; la responsabilidad es compartida entre ciudadanos y Administración.
¿Disponemos ya de un mapa de la contaminación en Galicia? Ese es el objetivo de la Administración. Nosotros, conociendo quién contamina por encima de los límites permitidos, debemos conseguir atrapar a los infractores. Es muy difícil controlar todas las emisiones contaminantes de las rías, pero hay que hacer un esfuerzo especial porque afecta al trabajo de mucha gente y su futuro depende de la actividad pesquera o marisquera.
Parece que los ciudadanos miramos hacia otro lado y no somos conscientes del daño que producen esos vertidos. La contaminación diaria es dañina, pero no activa tantas alarmas como el hundimiento del Prestige. Tampoco los jueces se han apurado en la instrucción del caso. ¿Esperaba tanto retraso? Es imposible fijar plazos y establecer fechas para el juicio cuando un juzgado tan modesto como el de Corcubión se encarga de un caso tan complejo. La Fiscalía, con un espíritu constructivo, ya remitió un informe al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para poner de manifiesto los retrasos que se acumulan.
¿Es optimista? Soy realista y conozco las dificultades, pero deseo que avancemos en la instrucción. Sin un juez de refuerzo, funcionarios de apoyo y medios técnicos no se puede hacer mucho más.
Además del hundimiento del Prestige, el otro momento crítico de los últimos años lo vivimos en el verano de 2006 con la oleada de incendios forestales. ¿Han cambiado mucho las cosas desde entonces? ¿Disponen de más medios? Fue un momento crítico y, tras la alarma social que generó, hay una mayor sensibilización. Se han producido avances y ahora disponemos de más recursos y mejores instrumentos para investigar, pero no es suficiente. La especialización y la mejor formación de los cuerpos policiales en estos delitos se han traducido en una mayor calidad de los atestados y esto permite detectar antes si es una simple imprudencia o una acción dolosa.
¿Hay más colaboración ciudadana? Tengo que reconocer que sí, pero siempre es necesaria una mayor colaboración vecinal. Aunque los investigadores dispongan de las técnicas científicas más avanzadas, es necesario que los vecinos aporten toda la información de la que dispongan. La acción policial se ha intensificado y han aumentado las detenciones por incendios forestales, pero es muy difícil investigar estos casos porque no suele haber testigos y el propio fuego destruye las evidencias.
En los últimos años aumentaron los detenidos, pero pocos acaban en la cárcel. ¿Por qué? Es más importante evitar la quema que enviar a los detenidos a prisión. Existen más y mejores opciones que la cárcel. Muchos de los que confiesan ser autores del incendio padecen una patología mental y, en lugar de imponérseles pena carcelaria, son enviados a un centro psiquiátrico para que se curen.
Cuando llegó a la Fiscalía pidió la colaboración ciudadana porque aseguraba no estar dispuesto a hacer lo mismo que su colega asturiano, que aprovechaba sus paseos en bicicleta del fin de semana para sacar fotos y recoger pruebas de delitos medioambientales. ¿No ha sentido nunca esa tentación? Mantengo la postura inicial, pero la matizo. Sigo pensando que nuestras investigaciones no deberían iniciarse de oficio, pero estamos demasiado en manos de los denunciantes; lo interesante sería tener más tiempo y más medios, pero lamentablemente no es así. En vista de esta realidad, hemos tenido que tomar la iniciativa en algunos aspectos y, por ejemplo, le hemos planteado al fiscal superior investigaciones sobre incendios que han servido para hacer un análisis interesante.
Han conseguido, además, avivar el debate social y despertar la conciencia ciudadana.
Sí, aunque ésa no es la misión de la Fiscalía; nosotros debemos buscar una respuesta científico-policial, pero es cierto que las intervenciones de la Fiscalía se convierten en un referente en algunos asuntos. Cada vez me planteo más la posibilidad de actuar de oficio, pero no hay tiempo. Siempre es necesaria la colaboración ciudadana.
¿Dispone usted de algo en el punto de mira para esas actuaciones de oficio? Lo más lógico es pensar en hechos de relevancia, los llamados delitos escaparate, pero en esos casos ya suele haber atestados policiales. Hemos actuado, por ejemplo, con los vertederos porque detectamos puntos ilegales y había que investigar las responsabilidades de ayuntamientos, empresas o particulares.
Hay otros casos en los que no actúa de oficio. La Federación Gallega de Cofradías de Pescadores presentó denunció el verano pasado los vertidos de aguas fecales a bancos marisqueros que ponen en peligro el empleo directo de más de nueve mil personas. ¿En qué fase está? Hemos solicitado al juzgado que complete las investigaciones para que podamos centrar una imputación concreta. Tomando como base el estudio encargado por las cofradías a un grupo de biólogos, ordenamos una investigación sobre los vertidos en las rías de aguas fecales sin depurar o sin purificar lo suficiente. El informe presentado por las cofradías era tan extenso y exhaustivo que nos ha obligado a centrarnos en el punto de más gravedad, la ría de Corcubión. También sería interesante investigar la ría del Burgo, pero ya había otras denuncias.
Los biólogos que realizaron el estudio aseguran que la contaminación es grave o muy grave en la totalidad de las rías.
Es un estudio muy serio y completo, pero nosotros teníamos que concretar la investigación en los puntos más importantes y fijar nuestra atención en las aguas fecales; de lo contrario, no podría estar ya en el juzgado.
¿Por qué escogieron la ría de Corcubión? Tiene unas características muy propias, es una ría que no evacua con la facilidad que lo hacen las otras. Analizamos las fecales y buscamos un caso en el que está mas clara la conexión entre el foco contamínate y la contaminación.
¿Quiénes son los principales responsables? El problema en las fecales es el tratamiento de las aguas residuales, hay que mejorar en la depuración. Los responsables pueden ser los ayuntamientos, pero también puede haber urbanizaciones privadas que se enganchan sin permiso a la red y vierten sus aguas sin tratamiento previo. La contaminación de los ríos y rías se debe, fundamentalmente, a las aguas resi duales y a la deficiente gestión de los residuos; la responsabilidad es compartida entre ciudadanos y Administración.
¿Disponemos ya de un mapa de la contaminación en Galicia? Ese es el objetivo de la Administración. Nosotros, conociendo quién contamina por encima de los límites permitidos, debemos conseguir atrapar a los infractores. Es muy difícil controlar todas las emisiones contaminantes de las rías, pero hay que hacer un esfuerzo especial porque afecta al trabajo de mucha gente y su futuro depende de la actividad pesquera o marisquera.
Parece que los ciudadanos miramos hacia otro lado y no somos conscientes del daño que producen esos vertidos. La contaminación diaria es dañina, pero no activa tantas alarmas como el hundimiento del Prestige. Tampoco los jueces se han apurado en la instrucción del caso. ¿Esperaba tanto retraso? Es imposible fijar plazos y establecer fechas para el juicio cuando un juzgado tan modesto como el de Corcubión se encarga de un caso tan complejo. La Fiscalía, con un espíritu constructivo, ya remitió un informe al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para poner de manifiesto los retrasos que se acumulan.
¿Es optimista? Soy realista y conozco las dificultades, pero deseo que avancemos en la instrucción. Sin un juez de refuerzo, funcionarios de apoyo y medios técnicos no se puede hacer mucho más.
Además del hundimiento del Prestige, el otro momento crítico de los últimos años lo vivimos en el verano de 2006 con la oleada de incendios forestales. ¿Han cambiado mucho las cosas desde entonces? ¿Disponen de más medios? Fue un momento crítico y, tras la alarma social que generó, hay una mayor sensibilización. Se han producido avances y ahora disponemos de más recursos y mejores instrumentos para investigar, pero no es suficiente. La especialización y la mejor formación de los cuerpos policiales en estos delitos se han traducido en una mayor calidad de los atestados y esto permite detectar antes si es una simple imprudencia o una acción dolosa.
¿Hay más colaboración ciudadana? Tengo que reconocer que sí, pero siempre es necesaria una mayor colaboración vecinal. Aunque los investigadores dispongan de las técnicas científicas más avanzadas, es necesario que los vecinos aporten toda la información de la que dispongan. La acción policial se ha intensificado y han aumentado las detenciones por incendios forestales, pero es muy difícil investigar estos casos porque no suele haber testigos y el propio fuego destruye las evidencias.
En los últimos años aumentaron los detenidos, pero pocos acaban en la cárcel. ¿Por qué? Es más importante evitar la quema que enviar a los detenidos a prisión. Existen más y mejores opciones que la cárcel. Muchos de los que confiesan ser autores del incendio padecen una patología mental y, en lugar de imponérseles pena carcelaria, son enviados a un centro psiquiátrico para que se curen.
