No hay coches oficiales, ni asesores por los pasillos, ni negociaciones hasta la madrugada. El ambiente es más relajado e informal. El escenario tampoco es el propio de las grandes cumbres comunitarias: en el salón de actos de la facultad de Ciencias Políticas de Santiago de Compostela, ubicado en el sótano de edificio, no hay ni ventanas que alivien esa sensación de bochorno.
El aire fresco llega desde la tribuna, desde la mesa de oradores y desde los corrillos que se forman en los descansos entre las conferencias y los coloquios. Es aire fresco que, por momentos, mitiga el bochorno social que maniata a la ciudadanía desde hace ya varios años.
En Bruselas acordaban de madrugada, tras sesiones tensas y amenazas de fractura, que el fondo de rescate pueda recapitalizar directamente los bancos en crisis a partir del 2013 y que pueda intervenir en los mercados en apoyo de la deuda de los países que cumplan con sus compromisos de déficit público y de reformas. En Santiago no había bandos enfrentados, pero sí un debate constructivo: déficit público vs déficit social.
LA LÍNEA ROJA
'La inversión social está desactivada y se han sobrepasado esas líneas rojas que deberían ser infranqueables', apunta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 'La provisión de servicios puede recaer en empresas u ONGs, pero la gestión (diagnóstico, seguimiento y control) es responsabilidad del Estado y debe ser pública'.
Ramírez es el autor de un documento que se ha convertido en la referencia para la protección de personas y familias en situación de quiebra económica. Lo firma porque entiende que sobreendeudamiento exige una actuación firme, valiente y urgente aportando una propuesta a los poderes públicos del Estado.
El colectivo que preside agrupa a directores y gerentes de servicios sociales de toda España; ellos son los mejores observadores de una realidad que les empuja a compartir sus reflexiones con todos aquellos agentes sociales, económicos y políticos. Lo hacen desde una posición abierta al debate, con el único afán de encontrar e impulsar las soluciones más adecuadas a la actual situación y aportar una visión complementaria.
'Creemos que el sistema de servicios sociales en España, verdadero cuarto pilar del Estado de Bienestar, puede y debe ser un agente involucrado tanto en el análisis como en el desarrollo de las soluciones que se arbitren para que las personas sobreendeudadas y sus familias reciban la protección y el apoyo necesarios a fin de desarrollar en completa libertad su proyecto vital'.
El documento llama la atención de las entidades financieras y les pide que retomen su misión esencial: servir a la sociedad y a su progreso. 'Creemos que es el momento de exigirles una visión ética y estratégica que les lleve a asumir que, siendo una de las partes causantes del problema, son también imprescindibles para su solución'. Los trabajadores sociales exigen también una actuación firme de los poderes públicos del Estado para que se adopten las medidas preventivas y protectoras necesarias. 'Se pueden y se deben reformar cuantas normas sean necesarias para cortar la sangría personal y social que está suponiendo el implacable curso de leyes civiles y mercantiles draconianas en sus efectos. Es urgente modificar una legislación cuya ciega aplicación repugna al sentido común y es incluso contraria a los Derechos Humanos'.
Las cada vez mayores grietas en el estado de bienestar obligan a un diagnóstico detallado de las políticas sociales y en este foro organizado por EAPN-Galicia hay disposición para poner sobre las mesa las medidas de emergencia necesarias en estos tiempos de difíciles.
'La crisis que empezó siendo financiera, económica y laboral ha derivado en una falta de confianza y ha terminado afectando a nuestros valores hasta convertirse también en una crisis ética', diagnostica Ángeles Rodiño, del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia. 'Estamos empapados de crisis. Los trabajadores sociales estamos acostumbrados a convivir con la crisis e intentamos buscar oportunidades para intentar transformar nuestra dinámica vital'.
Ángeles y sus colegas conviven a diario con lo efectos que esta manida crisis tienen sobre la ciudadanía: fuerte endeudamiento familiar, desempleo, mayor precariedad laboral y mayores dificultades de ayuda en los canales habituales. Comprueban cada día como el desempleo y la precariedad laboral ha extendido la pobreza, truncando demasiados procesos vitales. Conocen demasiadas familias obligadas a retornar al núcleo familiar porque no tiene con que pagar el alquiler.
SUBSIDIO Y FACTURAS
426 euros del subsidio de desempleo no dan para pagar tantas facturas como las que se acumulan en el buzón. La demandas de atención de emergencia se han disparado y, según alertan los trabajadores sociales, lo más grave es que no se atienden muchas llamadas de auxilio. La respuesta debería ser inmediata, pero el tiempo medio de atención en Galicia es de 131 días.
'Tardas cuatro meses en recibir esa ayuda, viviendo en un limbo', explica Rodiño. 'Los equipos que deben tramitar esas ayudas y evaluar los casos no se han reforzado pese al mayor volumen de trabajo desde la irrupción de la crisis. Trabajo Social intentan agilizar los trámites, pero muchos casos chocan con la burocracia de los ayuntamientos. Ahí es donde las ONGs desarrollan un trabajo increíble'.
En Bruselas acordaban de madrugada, tras sesiones tensas y amenazas de fractura, que el fondo de rescate pueda recapitalizar directamente los bancos en crisis a partir del 2013 y que pueda intervenir en los mercados en apoyo de la deuda de los países que cumplan con sus compromisos de déficit público y de reformas. En Santiago no había bandos enfrentados, pero sí un debate constructivo: déficit público vs déficit social.
LA LÍNEA ROJA
'La inversión social está desactivada y se han sobrepasado esas líneas rojas que deberían ser infranqueables', apunta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 'La provisión de servicios puede recaer en empresas u ONGs, pero la gestión (diagnóstico, seguimiento y control) es responsabilidad del Estado y debe ser pública'.
Ramírez es el autor de un documento que se ha convertido en la referencia para la protección de personas y familias en situación de quiebra económica. Lo firma porque entiende que sobreendeudamiento exige una actuación firme, valiente y urgente aportando una propuesta a los poderes públicos del Estado.
El colectivo que preside agrupa a directores y gerentes de servicios sociales de toda España; ellos son los mejores observadores de una realidad que les empuja a compartir sus reflexiones con todos aquellos agentes sociales, económicos y políticos. Lo hacen desde una posición abierta al debate, con el único afán de encontrar e impulsar las soluciones más adecuadas a la actual situación y aportar una visión complementaria.
'Creemos que el sistema de servicios sociales en España, verdadero cuarto pilar del Estado de Bienestar, puede y debe ser un agente involucrado tanto en el análisis como en el desarrollo de las soluciones que se arbitren para que las personas sobreendeudadas y sus familias reciban la protección y el apoyo necesarios a fin de desarrollar en completa libertad su proyecto vital'.
El documento llama la atención de las entidades financieras y les pide que retomen su misión esencial: servir a la sociedad y a su progreso. 'Creemos que es el momento de exigirles una visión ética y estratégica que les lleve a asumir que, siendo una de las partes causantes del problema, son también imprescindibles para su solución'. Los trabajadores sociales exigen también una actuación firme de los poderes públicos del Estado para que se adopten las medidas preventivas y protectoras necesarias. 'Se pueden y se deben reformar cuantas normas sean necesarias para cortar la sangría personal y social que está suponiendo el implacable curso de leyes civiles y mercantiles draconianas en sus efectos. Es urgente modificar una legislación cuya ciega aplicación repugna al sentido común y es incluso contraria a los Derechos Humanos'.
Las cada vez mayores grietas en el estado de bienestar obligan a un diagnóstico detallado de las políticas sociales y en este foro organizado por EAPN-Galicia hay disposición para poner sobre las mesa las medidas de emergencia necesarias en estos tiempos de difíciles.
'La crisis que empezó siendo financiera, económica y laboral ha derivado en una falta de confianza y ha terminado afectando a nuestros valores hasta convertirse también en una crisis ética', diagnostica Ángeles Rodiño, del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia. 'Estamos empapados de crisis. Los trabajadores sociales estamos acostumbrados a convivir con la crisis e intentamos buscar oportunidades para intentar transformar nuestra dinámica vital'.
Ángeles y sus colegas conviven a diario con lo efectos que esta manida crisis tienen sobre la ciudadanía: fuerte endeudamiento familiar, desempleo, mayor precariedad laboral y mayores dificultades de ayuda en los canales habituales. Comprueban cada día como el desempleo y la precariedad laboral ha extendido la pobreza, truncando demasiados procesos vitales. Conocen demasiadas familias obligadas a retornar al núcleo familiar porque no tiene con que pagar el alquiler.
SUBSIDIO Y FACTURAS
426 euros del subsidio de desempleo no dan para pagar tantas facturas como las que se acumulan en el buzón. La demandas de atención de emergencia se han disparado y, según alertan los trabajadores sociales, lo más grave es que no se atienden muchas llamadas de auxilio. La respuesta debería ser inmediata, pero el tiempo medio de atención en Galicia es de 131 días.
'Tardas cuatro meses en recibir esa ayuda, viviendo en un limbo', explica Rodiño. 'Los equipos que deben tramitar esas ayudas y evaluar los casos no se han reforzado pese al mayor volumen de trabajo desde la irrupción de la crisis. Trabajo Social intentan agilizar los trámites, pero muchos casos chocan con la burocracia de los ayuntamientos. Ahí es donde las ONGs desarrollan un trabajo increíble'.
