Gobierno y Xunta buscarán "aunar criterios" para la rebaja de peajes de la AP-9, cuyo decreto estará este semestre
La comprometida rebaja de peajes para la Autopista del Atlántico (AP-9) ha sido uno de los temas centrales de la reunión que han mantenido en Madrid el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quienes han avanzado que Xunta y Gobierno tratarán de diseñar conjuntamente el plan y "aunar criterios" para las bonificaciones.
En una rueda de prensa conjunta, Feijóo ha agradecido el compromiso presupuestario del Ejecutivo estatal para acometer esta rebaja de peajes y ha repasado algunas de las propuestas para las bonificaciones ya formuladas por la Comunidad, al tiempo que ha ratificado el compromiso del ministro en relación a que el real decreto que validará estas rebajas de peajes en la AP-9 esté listo en este primer semestre del año.
"En el segundo semestre debería ser ya efectiva la rebaja de peajes", ha dicho el presidente gallego, quien ha remarcado que dicha reducción de las tasas es la "prioridad" para la Xunta. "Primero la rebaja de peajes y después, el traspaso (de la titularidad de la infraestructura). Entendemos que también es la prioridad de los ciudadanos", ha añadido.
Por su parte, Ábalos ha destacado el compromiso presupuestario que supone reservar 63 millones para estas bonificaciones y ha incidido en que se trabaja para la puesta en marcha de la medida, "pensada para implantarse desde el primer día", aunque ha precisado que su entrada en vigor dependerá del tiempo que lleve concretar el real decreto, que confía en que "sea breve".
Ábalos volverá a reunirse con Feijóo en abril y mantiene los plazos del AVE a Galicia, que avanza "sin incidencias"
| El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y su equipo, han trasladado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al resto de autoridades gallegas que han participado en un encuentro en el ministerio, que las obras de la alta velocidad ferroviaria para conectar Galicia con la Meseta evolucionan "sin incidencias", por lo que se mantienen los plazos de puesta en servicio. Este compromiso va en la línea de lo que el propio presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, trasladó a Feijóo en su encuentro de finales de enero en La Moncloa, donde le ratificó la fecha ya dada por el Ministerio: el AVE a Galicia estará en servicio en el segundo semestre de 2021. Xunta y Gobierno han acordado mantener encuentros periódicos para avanzar conjuntamente en la agenda de infraestructuras de la Comunidad, pero, además, Feijóo ha avanzado que, dados los numerosos temas que no dio tiempo a abordar en su cita de este miércoles, ambos volverán a verse en Galicia después de Semana Santa, en la semana del 5 de abril. Al margen de profundizar en cuestiones más concretas de la alta velocidad --el presidente gallego ha asegurado que solo recibió "unas pinceladas" del avance de las obras de la conexión con la Meseta--, en la "continuación" de este encuentro en Galicia se tratarán asuntos como los referidos a la situación de las autovías, los fondos europeos `Next Generation` y los proyectos de la administración gallega, o el Xacobeo. Ábalos, por su parte, quien ha agradecido la "sinceridad" de Feijóo, ha ratificado que las obras del AVE avanzan "sin incidencias" y ha destacado que, desde el punto de vista de las infraestructuras, "este será un año muy importante para Galicia". |
Unanimidad de los grupos para respaldar que Estado y Xunta recurran la sentencia del Pazo de Meirás
A pesar de la coincidencia en el voto, PP, BNG y PSdeG cruzaron reproches sobre el proceso de recuperación del complejo de Sada.
Los tres grupos con presencia en la Cámara gallega --PP, BNG y PSdeG-- han respaldado que el Estado y la Xunta de Galicia interpongan recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el proceso de recuperación del Pazo de Meirás que, entre otras cuestiones, obliga a compensar económicamente a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos derivados del uso desde el año 1975 del complejo ubicado en Sada.
El debate en pleno del Parlamento gallego de la iniciativa, que, a pesar de la coincidencia en el voto derivó en un cruce de reproches y acusaciones entre los grupos políticos, se produjo el día después de que la Abogacía del Estado anunciase que recurrirá el fallo de la audiencia.
El cambio de postura del Ejecutivo, que, al igual que el Gobierno gallego, había avanzado su intención de no presentar recurso basándose en cuestiones jurídicas, ha tenido eco en el hemiciclo durante el debate acumulado de sendas proposiciones no de ley presentadas por BNG y PSdeG que se han sumado en un único texto respaldado también por el grupo mayoritario, el PPdeG.
En concreto, la resolución aprobada por la Cámara insta a Estado y Xunta a presentar recurso a la afirmación de los magistrados en la sentencia donde reconocen a los herederos del dictador que no actuaron de mala fe, así como a los "restantes pronunciamentos" de la parte dispositiva de la sentencia.
Asimismo, el texto, que hace referencia al acuerdo parlamentario del 11 de julio de 2018 para favorecer el proceso de recuperación del Pazo de Meirás, también apela a evitar por la vía judicial que el paso a patrimonio público del complejo "no suponga un nuevo coste para el pueblo gallego" y, por lo tanto, los herederos del "espolio" no obtengan beneficios económicos.
REPROCHES CRUZADOS
En este sentido, y a pesar del acuerdo final, el debate de la iniciativa ha estado marcado por los cruces de reproches entre cada uno de los grupos políticos. Así, el PP afeó al BNG de "criminalizar" a la justicia por sus críticas a la sentencia y al PSdeG que esté supeditado a lo que marque la dirección estatal de su partido; mientras que los nacionalistas criticaron el "menosprecio" de los socialistas al activismo pro devolución del pazo y a los populares por "blanquear" el franquismo.
Por su parte, los socialistas, que de la mano de su diputado Pablo Arangüena se han erigido como "líderes" del proceso de recuperación del complejo de Sada, creen que el Bloque pretende "vender un relato falsificado" sobre el cambio de postura del Estado respecto al recurso y al PP de "diluir" la realidad de Meirás como "símbolo" de la memoria histórica introduciendo la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán entre los usos a dar para el complejo.
En este sentido, Arangüena (que, minutos antes de intervenir en el pleno, acompañó al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara; hecho que fue tildado de "poco elegante" por parte del PP) atribuyó la postura inicial del Estado de no presentar alegaciones a la sentencia al análisis de las "posibilidades jurídicas" de un "recurso extremadamente difícil".
Por ello, ha acusado al BNG de tratar de "vender un relato falsificado" después de que el diputado frenstista Luis Bará asegurase, en la apertura del debate, que la "rectificación" del Ejecutivo central se debió a la "presión" popular ante una sentencia "reaccionaria" y con "tufillo franquista".
"No es cierto que le doblasen el brazo", replicó Arangüena desde el estrado del hemiciclo, para a continuación reivindicar que el PSOE fue, en el año 1978, "el primer partido" en pedir la recuperación del Pazo de Meirás, afirmación que fue respondida en el turno de cierre por Bará, que tachó de "mentira" estas palabras, para luego acusar a los socialistas de "perpetuar" durante sus años en el Gobierno que el complejo siguiese en manos de los Franco.
LA INDEMNIZACIÓN
El hecho de que la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña reconozca a los Franco el derecho a ser indemnizados por los usos de Meirás y que, además, lo haga al entender que no actuaron de mala fe también centró buena parte del debate entre los grupos.
Para el diputado popular Alberto Pazos Couñago, que apeló a "no despertar altas expectativas ni alimentar frustraciones" desde los discursos políticos, ha puesto el foco en que "el precio que haya que pagar" a los Franco por "liquidar" Meirás es "el precio que se pag por vivir en un estado de derecho" en el que existe la obligación de tratar desde la justicia a todos los ciudadanos por igual.
"Y eso es la grandeza de la democracia", ha apuntado antes de subrayar que, en todo caso, la liquidación de un estado posesorio "en ningún caso" puede implicar "enriquecimiento" pues ha de limitarse a los gastos contraídos por el uso de esos bienes y que estos "deben justificarse".
Ábalos dice al PP que el Gobierno no realiza expropiaciones de vivienda
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dejado claro a la diputada del Grupo Parlamentario Popular Ana María Zurita que el Gobierno va a destinar cero euros a la expropiación de vivienda y ha resaltado que el Ejecutivo no realiza estas actividades.
Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso después de que la diputada haya preguntado por el importe de los fondos europeos que el Gobierno tiene previsto destinar a las expropiaciones de viviendas en 2021.
El ministro ha resaltado que los Presupuestos que se aprobaron, con el voto en contra del PP, recogía la mayor partida de la historia en materia de vivienda, que suponía un incremento del 373% respecto a las cuentas públicas de un año atrás.
"Eso es tener interés por la vivienda", ha dicho Ábalos, que también ha puesto en valor que los precios de los alquileres han bajado y que su Ministerio ha comprometido un parque público de 50.000 viviendas.
"El Plan 20.000, que ya no se llama así porque ya hay más de 24.000 viviendas, más los acuerdos con Sepes o entidades bancarias, lo que nos permite hablar de un parque público de 50.000 viviendas", ha añadido.
También ha apostillado que los fondos europeos se van a utilizar en vivienda para impulsar la economía de España a través de la rehabilitación. Así, ha apuntado que se van a dedicar 1.000 millones más a la rehabilitación, con el incremento de los 10.000 millones anunciados el mes pasado, y otros 1.000 que se destinarán a vivienda social.
