La Audiencia de Pontevedra impone al vigués Francisco Javier Gutiérrez cinco años de prisi
La Audiencia de Pontevedra condenó a cinco años y tres meses de cárcel a Francisco Javier Gutiérrez Orúe, alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, por un delito continuado prevaricación, en concurso medial con los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, por promover la adjudicación irregular de varios contratos menores a una concesionaria municipal, con la única finalidad de pagarle un salario a una cuñada de Carmela Silva, actualmente presidenta de la Diputación de Pontevedra y en aquel entonces teniente de alcalde de Abel Caballero.
La sentencia, que puede ser recurrida, también condena a este funcionario, al que aplica la atenuante de dilaciones indebidas, a una pena de inhabilitación absoluta por nueve años. Asimismo, condena al gerente de la concesionaria Imesapi, Ramón C.A., a un año y medio de cárcel e inhabilitación absoluta por dos años y medio, y le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y de colaboración.
La Audiencia considera probado que el funcionario y el gerente de la empresa urdieron un plan "con objeto de beneficiar económicamente a Vanesa Falque, persona vinculada familiarmente a un miembro de la corporación municipal de Vigo", en referencia a Carmela Silva, y que fue desimputada en un juicio previo por prescripción del delito que se le atribuía. Para ello, el funcionario, conocedor de que existía liquidez en la concejalía de Participación Ciudadana (de la que era jefe de área), y tras la decisión política de encargar la realización de varias encuestas de calidad, propuso a la empresa Imesapi como adjudicataria de 9 contratos menores, por un total de 108.147,22 euros (más IVA).
Trabajos “fantasma"
Ambos acusados acordaron que la concesionaria contrataría, para la realización de esas encuestas, a Vanesa Falque, de manera que las facturas que el Ayuntamiento pagaba a la empresa por esos trabajos, servirían para abonarle el salario a esta familiar de Carmela Silva. A ese respecto, el propio gerente reconoció en fase de instrucción y en el propio juicio, que había contratado a esa trabajadora por indicación del Ayuntamiento y no porque necesitara más personal.
La Audiencia también señala en su resolución que esas encuestas no fueron realizadas por Vanesa Falque, ni por trabajadores de Imesapi o del Ayuntamiento. "A pesar de ello, Imesapi cobró un total de 108.147,22 euros, que fueron sufragados por dinero de las arcas municipales", expone el tribunal.
En la sentencia se hace referencia a que la contratación de esa trabajadora fue "más que irregular y no tenía más finalidad que beneficiar exclusivamente a la elegida", que "tiene una estrecha relación familiar con una persona que tenía una importante responsabilidad política en el Ayuntamiento de Vigo". "Llama la atención que ninguno de los acusados pudiera decir por qué se recurrió a esa persona", indicó la Audiencia, que también ha puesto de manifiesto que, de los correos electrónicos intercambiados entre el funcionario y el gerente, se trasluce "cuando menos, un particular interés por Vanesa Falque".
