La Xunta de Galicia adjudicó un contrato para elaborar un proyecto de ley que desarrolle las competencias autonómicas en materia de instalaciones aeroportuarias no cualificadas de interés general del Estado, con el fin de regularizar la autorización, construcción y gestión de estas instalaciones.
Con esta actuación el Gobierno gallego busca 'rentabilizar su funcionamiento' y 'garantizar la plena compatibilidad con los requisitos urbanísticos y ambientales de la comunidad'.
Según la Xunta 'es necesario precisar que la responsabilidad sobre este tipo de instalaciones está recogida en el artículo 27.9 del Estatuto de Autonomía de Galicia con carácter de exclusiva'. Tras destacar que el Ejecutivo autonómico inició en 2008 la elaboración de un proyecto de ley de aeródromos que no se trasladó al Parlamento, apuntó que aboga por seguir el ejemplo de otras comunidades como Madrid, Aragón o Cataluña que ya aprobaron normas propias sobre esta materia.
Esta medida intentará mejorar el funcionamiento de helipuertos en hospitales, bases contra incendios o aeródromos deportivos.
Además de las propias instalaciones, esta nueva norma abarcará también a las instalaciones y servicios auxiliares, a la vez que se dotará a la Comunidad gallega de un régimen de inspección y de sanción para controlar su funcionamiento.
Según la Xunta 'es necesario precisar que la responsabilidad sobre este tipo de instalaciones está recogida en el artículo 27.9 del Estatuto de Autonomía de Galicia con carácter de exclusiva'. Tras destacar que el Ejecutivo autonómico inició en 2008 la elaboración de un proyecto de ley de aeródromos que no se trasladó al Parlamento, apuntó que aboga por seguir el ejemplo de otras comunidades como Madrid, Aragón o Cataluña que ya aprobaron normas propias sobre esta materia.
Esta medida intentará mejorar el funcionamiento de helipuertos en hospitales, bases contra incendios o aeródromos deportivos.
Además de las propias instalaciones, esta nueva norma abarcará también a las instalaciones y servicios auxiliares, a la vez que se dotará a la Comunidad gallega de un régimen de inspección y de sanción para controlar su funcionamiento.
