La asociación Movemento polos Dereitos Civís (MpDC) denunció un aumento de las negativas por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia a autorizar manifestaciones y concentraciones en la Comunidad durante 2008, según recoge su Informe Anual.
Así, según señaló el portavoz de MpDC, Renato Núñez, durante el pasado año la asociación detectó un mayor número de negativas por parte de la Administración a la celebración de concentraciones y manifestaciones, que solo se puede producir si existe algún problema con los derechos fundamentales de los ciudadanos o con el lugar de celebración del acto.
En este sentido, Núñez recordó que la Delegación del Gobierno no tiene que autorizar la concentración, si no solo manifestarse como informados y denegar la posibilidad de celebrarla si existe incompatibilidad con otro acto.
Es un derecho que no se solicita a las Administraciones, solo se comunica, señaló Núñez, quien denunció además un doble rasero en esta cuestión, dado que manifestaciones, como la convocada por los familiares del Alakrana, se celebran con muy poca antelación y otras no se permiten alegando que se anunciaron fuera de plazo.
CARGAS POLICIALES
En la sexta edición del informe de MpDC, referente a 2008, las actuaciones más criticadas fueron las cargas policiales, que seis de cada 10 gallegos consideran desproporcionadas.
Aún así, Renato Núñez alertó de que la mayor parte de las lesiones ocasionadas en estas cargas no se denuncian, ya que los poderes públicos atienden poco a este tipo de reclamaciones, lo que hace más difícil llevar adelante procesos.
En todo caso, indicó, la asociación detectó que las Fuerzas de Seguridad denuncian a los manifestantes antes de que ellos pongan sus denuncias, para echar abajo las reclamaciones de los participantes en estos actos. El 54 por ciento de los gallegos, según el estudio, consideran que la justicia no es imparcial y favorece a los funcionarios policiales en estos casos, que en la mejor de las situaciones son amonestados para luego ser indultados.
Para MpDC es criticable que la Delegación del Gobierno no cuestione en ningún caso la actuación policial y el hecho de que las declaraciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son consideradas veraces con más facilidad.
VIDEOVIGILANCIA
En lo relativo a la videovigilancia, Renato Núñez alertó de un avance sin control de este mecanismo, denunciado por la asociación en numerosas localidades, y de una saturación de la Agencia Española de Protección de Datos, que no da abasto con sus denuncias.
Además, achacó falta de interés a la Delegación del Gobierno a la hora de tratar esta cuestión, dado que, aseguró, existen en algunos municipios cámaras instaladas sin pedir autorización que, tras ser denunciadas, la Delegación les otorga la autorización inmediatamente a diestro y siniestro y sin ninguna sanción. Nos dicen que ahora están apagadas, pero eso es difícil de confirmar, sentenció.
PROTECCION DE DATOS
De cara al futuro, Renato Núñez apostó por seguir trabajando en el control de la protección de datos, en peligro en la actualidad.
Para ello, y ante la saturación de la Agencia Española de Protección de Datos, propusieron la creación de una Agencia Gallega que realice esta función en la Comunidad.
Además, propusieron que se configure una Agencia Gallega de Seguridad Ciudadana que controle la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para realizar investigaciones internas pero desde un punto de vista independiente.
En cuanto a la evolución de los derechos civiles, Renato Núñez criticó que en los seis años que llevan realizando el estudio no cambió absolutamente nada y que cuestiones, como la videovigilancia, empeoraron por la dejadez de la Delegación del Gobierno.
En este sentido, Núñez recordó que la Delegación del Gobierno no tiene que autorizar la concentración, si no solo manifestarse como informados y denegar la posibilidad de celebrarla si existe incompatibilidad con otro acto.
Es un derecho que no se solicita a las Administraciones, solo se comunica, señaló Núñez, quien denunció además un doble rasero en esta cuestión, dado que manifestaciones, como la convocada por los familiares del Alakrana, se celebran con muy poca antelación y otras no se permiten alegando que se anunciaron fuera de plazo.
CARGAS POLICIALES
En la sexta edición del informe de MpDC, referente a 2008, las actuaciones más criticadas fueron las cargas policiales, que seis de cada 10 gallegos consideran desproporcionadas.
Aún así, Renato Núñez alertó de que la mayor parte de las lesiones ocasionadas en estas cargas no se denuncian, ya que los poderes públicos atienden poco a este tipo de reclamaciones, lo que hace más difícil llevar adelante procesos.
En todo caso, indicó, la asociación detectó que las Fuerzas de Seguridad denuncian a los manifestantes antes de que ellos pongan sus denuncias, para echar abajo las reclamaciones de los participantes en estos actos. El 54 por ciento de los gallegos, según el estudio, consideran que la justicia no es imparcial y favorece a los funcionarios policiales en estos casos, que en la mejor de las situaciones son amonestados para luego ser indultados.
Para MpDC es criticable que la Delegación del Gobierno no cuestione en ningún caso la actuación policial y el hecho de que las declaraciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son consideradas veraces con más facilidad.
VIDEOVIGILANCIA
En lo relativo a la videovigilancia, Renato Núñez alertó de un avance sin control de este mecanismo, denunciado por la asociación en numerosas localidades, y de una saturación de la Agencia Española de Protección de Datos, que no da abasto con sus denuncias.
Además, achacó falta de interés a la Delegación del Gobierno a la hora de tratar esta cuestión, dado que, aseguró, existen en algunos municipios cámaras instaladas sin pedir autorización que, tras ser denunciadas, la Delegación les otorga la autorización inmediatamente a diestro y siniestro y sin ninguna sanción. Nos dicen que ahora están apagadas, pero eso es difícil de confirmar, sentenció.
PROTECCION DE DATOS
De cara al futuro, Renato Núñez apostó por seguir trabajando en el control de la protección de datos, en peligro en la actualidad.
Para ello, y ante la saturación de la Agencia Española de Protección de Datos, propusieron la creación de una Agencia Gallega que realice esta función en la Comunidad.
Además, propusieron que se configure una Agencia Gallega de Seguridad Ciudadana que controle la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para realizar investigaciones internas pero desde un punto de vista independiente.
En cuanto a la evolución de los derechos civiles, Renato Núñez criticó que en los seis años que llevan realizando el estudio no cambió absolutamente nada y que cuestiones, como la videovigilancia, empeoraron por la dejadez de la Delegación del Gobierno.