Multas por cazar el lobo: hasta 2 años de cárcel o una sanción de 2 millones por saltarse la prohibición

La Xunta de Galicia anunció ayer que recurrirá ante los tribunales el blindaje del Gobierno al lobo ibérico, que dejó de ser especie cinegética desde hoy tras la publicación de la orden que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), con el fin de incluir a todas las poblaciones de canis lupus de España. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, dijo que el anuncio les provocó “sorpresa, frustración e indignación” y, en declaraciones a la prensa con motivo de un acto en A Estrada (Pontevedra), tildó de “triste” la ausencia de “diálogo” entre el Ejecutivo y las “comunidades loberas”.

“Carece de sentido total y absoluto lo que se acaba de hacer”, expresó, y desveló que intentarán que con “medidas cautelares” se frene la entrada en vigor este 22 de septiembre de esa orden que “no se ampara en ningún estudio científico” y que equipara la protección de este animal con la de “un trébol de cuatro hojas”. Confesó no entender que se haya marcado fecha “sin previo aviso”, en “precario” y en una situación “un tanto delicada”, porque los ganaderos no pueden tener implementados planes de prevención específicos y, si sufren ataques, ya “no hay manera” de que ningún organismo pueda ayudarles.

Vázquez indicó al respecto que si a las autonomías se les prohíbe hacer la gestión del lobo, “¿cómo van a hacer la gestión del ganadero?”, para añadir que a la par el Ministerio para la Transición Ecológica entiende que no es necesario “presupuestar” para responder ante daños porque con la prevención y la seguridad en función del tipo de explotación -bovina, ovina, caprina- debería resultar suficiente. “Las medidas de protección son inasumibles. Cercados de dos metros de altura, puertas específicas, porches...”, “costes totalmente inasumibles”, enumeró y calificó la representante autonómica, que ahondó en el preocupante momento tanto para los ganaderos como para la sociedad que vive en el rural.

Contó que varios alcaldes, alguno de ellos socialista, como la de Viveiro (Lugo), María Loureiro, trasladaron su malestar por tal postura del Ejecutivo y contaron la inquietud de vecinos que, sin tener ganado, temen por sus animales de compañía. Vázquez, que adelantó además que mantendrán conversaciones con los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Cantabria, comentó que “no priman las ideologías, prima la sensatez, el equilibrio y el sentido común; algo que le está faltando al Ministerio”, a su juicio.

Precisamente, los gobiernos asturiano, castellano-leonés y cántabro anunciaron, al igual que hizo el gallego, que recurrirán ante los tribunales la decisión del Ejecutivo central.

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