El abogado de la plataforma ciudadana 'Nunca Máis' --parte en el juicio del Prestige--, Pedro Trepat, mantuvo que la clasificadora americana ABS, que certificó la navegabilidad del petrolero, debería sentarse como imputada en el juicio, pero el fiscal de Medio Ambiente, Alvaro García Ortiz, reafirmó su posición en contra de la imputación de la empresa norteamericana.
Tras una declaración de casi cuatro horas del representante de la compañía clasificadora en España en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña), Trepat aseguró que ABS debería responder de su responsabilidad tras la destrucción del buque, por la que ya tiene abierto un juicio civil en Nueva York, donde el Estado español le reclama cerca de un millón de dólares. Es lo que ratifica su declaración, aseguró.
En cambio, el fiscal de Medio Ambiente rechazó la imputación de la clasificadora del Prestige y recordó que ya presentó un recurso en este sentido que la Audiencia resolvió favorablemente.
Por lo demás, Alvaro García Ortiz relató que durante su comparecencia hoy en el juzgado de la localidad coruñesa, el representante de ABS respondió sobre la estructura de la compañía y su intervención en el momento de la catástrofe. Se limitó a explicar su trabajo, nada de sustantividad, resumió.
En la misma línea, García Ortiz explicó que la declaración del testigo consistió simplemente en dar traslado de la documentación que requirieron los letrados de la parte --Nunca Máis--, la Fiscalía y el Estado; al tiempo que describió el proceso como muy mecánico.
FIN DE LAS COMPARECENCIAS
Las declaraciones continúan mañana en Corcubión con la presencia, también en calidad de testigo, del entonces director técnico de la casa armadora del buque --la griega Universe Maritime--, George Alevizos, ya desvinculado de la empresa.
Según avanzó el fiscal, Alevizos deberá explicar cuál era su papel en la armadora, puesto que no está claro su cargo exacto en la compañía, pese a que sí se conoce que era el segundo o tercero de a bordo, es decir, que tenía un cargo relevante.
Por otra parte, García Ortiz confía en que ésta sea la última comparecencia que se celebre en la fase de instrucción en la que todavía se encuentra el accidente del Prestige, casi seis años después de que el buque tiñera de negro la costa gallega y el litoral cantábrico. No obstante, no descartó que pudiera haber más. No se sabe si finalizarán ya, nunca se sabe qué más puede surgir, observó, aunque aseguró que la Fiscalía no solicitó más testigos.
DISTINTAS POSTURAS
La querella popular que inicialmente interpuso la plataforma 'Nunca Máis' se dirigía contra las personas vinculadas a la propiedad, explotación y gobierno del buque --su propietario, su capitán y la empresa armadora--, así como contra aquellas que gestionaron la crisis, es decir, el entonces delegado del Gobierno en Galicia, el director general de la Marina Mercante y el capitán marítimo de A Coruña, que ordenaron el alejamiento del buque.
No obstante, en el documento judicial constaba que la petición de imputación de todas estas personas se hacía sin perjuicio de la responsabilidad de otras personas que pueda ser determinada a lo largo de la instrucción; por lo que trataron de reabrir la querella para incluir a la clasificadora, que hizo dos revisiones al Prestige.
Sin embargo, el ministerio público apeló a la imposibilidad de imputar a personas jurídicas en el ámbito penal español, tras lo cual la Audiencia resolvió en favor de la petición de la Fiscalía.
En cambio, el fiscal de Medio Ambiente rechazó la imputación de la clasificadora del Prestige y recordó que ya presentó un recurso en este sentido que la Audiencia resolvió favorablemente.
Por lo demás, Alvaro García Ortiz relató que durante su comparecencia hoy en el juzgado de la localidad coruñesa, el representante de ABS respondió sobre la estructura de la compañía y su intervención en el momento de la catástrofe. Se limitó a explicar su trabajo, nada de sustantividad, resumió.
En la misma línea, García Ortiz explicó que la declaración del testigo consistió simplemente en dar traslado de la documentación que requirieron los letrados de la parte --Nunca Máis--, la Fiscalía y el Estado; al tiempo que describió el proceso como muy mecánico.
FIN DE LAS COMPARECENCIAS
Las declaraciones continúan mañana en Corcubión con la presencia, también en calidad de testigo, del entonces director técnico de la casa armadora del buque --la griega Universe Maritime--, George Alevizos, ya desvinculado de la empresa.
Según avanzó el fiscal, Alevizos deberá explicar cuál era su papel en la armadora, puesto que no está claro su cargo exacto en la compañía, pese a que sí se conoce que era el segundo o tercero de a bordo, es decir, que tenía un cargo relevante.
Por otra parte, García Ortiz confía en que ésta sea la última comparecencia que se celebre en la fase de instrucción en la que todavía se encuentra el accidente del Prestige, casi seis años después de que el buque tiñera de negro la costa gallega y el litoral cantábrico. No obstante, no descartó que pudiera haber más. No se sabe si finalizarán ya, nunca se sabe qué más puede surgir, observó, aunque aseguró que la Fiscalía no solicitó más testigos.
DISTINTAS POSTURAS
La querella popular que inicialmente interpuso la plataforma 'Nunca Máis' se dirigía contra las personas vinculadas a la propiedad, explotación y gobierno del buque --su propietario, su capitán y la empresa armadora--, así como contra aquellas que gestionaron la crisis, es decir, el entonces delegado del Gobierno en Galicia, el director general de la Marina Mercante y el capitán marítimo de A Coruña, que ordenaron el alejamiento del buque.
No obstante, en el documento judicial constaba que la petición de imputación de todas estas personas se hacía sin perjuicio de la responsabilidad de otras personas que pueda ser determinada a lo largo de la instrucción; por lo que trataron de reabrir la querella para incluir a la clasificadora, que hizo dos revisiones al Prestige.
Sin embargo, el ministerio público apeló a la imposibilidad de imputar a personas jurídicas en el ámbito penal español, tras lo cual la Audiencia resolvió en favor de la petición de la Fiscalía.