El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, mantuvo ayer una reunión con portavoces de los tres grupos parlamentarios -PPdeG, PSdeG y BNG- con el objetivo de consensuar las bases de la futura Ley del suelo de Galicia, a la que la Xunta pretende dotar de garantías de permanencia. Para ello, el titular del departamento se refirió a 'la fórmula' que quiere introducir en el nuevo texto, relativa a requerir una mayoría cualificada para aprobar en la Cámara 'posibles modificaciones' legales.
El Gobierno gallego busca que la Ley del suelo 'sea más sencilla y más fácil' en su relación con los ayuntamientos y la elaboración y aprobación de instrumentos como los planes generales de ordenación municipal (PGOM). En el caso de estos últimos, en las 'Bases para unha nova lei do solo' elaboradas por el departamento que dirige Hernández, proponen que municipios de más de 50.000 habitantes puedan aprobar sus planes de manera 'delegada' o, incluso, 'propiamente'. Y, 'en caso de incumplimiento', plantea que 'se produciría la subrogación de la Xunta de Galicia'. 'Para eso', constata, el Ejecutivo autonómico debe 'contar con los medios necesarios adecuados'.
De hecho, el documento, remitido a los grupos parlamentarios a finales del mes de mayo y que este lunes fue debatido en una reunión con el conselleiro Agustín Hernández, aboga en sus 'propuestas de partida para el nuevo marco legislativo' por que esta medida 'podría hacerse extensiva también a los ayuntamientos que acrediten contar con una dotación técnica y jurídica adecuada'.
El socialista Ismael Rego destacó la necesidad de evitar que se produzcan 'modificaciones a la carta' en función de 'intereses partidistas y coyunturas' políticas. Por el BNG, Carme da Silva comprometió los 'esfuerzos' de su grupo para conseguir una nueva regulación 'adaptada a su realidad'.
De hecho, el documento, remitido a los grupos parlamentarios a finales del mes de mayo y que este lunes fue debatido en una reunión con el conselleiro Agustín Hernández, aboga en sus 'propuestas de partida para el nuevo marco legislativo' por que esta medida 'podría hacerse extensiva también a los ayuntamientos que acrediten contar con una dotación técnica y jurídica adecuada'.
El socialista Ismael Rego destacó la necesidad de evitar que se produzcan 'modificaciones a la carta' en función de 'intereses partidistas y coyunturas' políticas. Por el BNG, Carme da Silva comprometió los 'esfuerzos' de su grupo para conseguir una nueva regulación 'adaptada a su realidad'.
