Propietarios de una decena de locales fueron sancionados y juzgados en los últimos años
Los tradicionales “puticlubs” son historia. En Vigo, apenas quedan en pie cuatro clubes de alterne de los de antes, el resto se ha reinventado en forma de hoteles y hospedajes o ha modificado su formato para esquivar la presión policial y judicial. La Policía Nacional, desde la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad (Ucrif) estima que sólo en los últimos ocho años se han cerrado más del 60% de negocios, y el otro 40% se divide entre los escasos supervivientes (clubes pequeños) y los que se han sometido a un importante lavado de cara.
El mayor y más claro declive se ha registrado en el Casco Vello. Antes de la reforma a la que ha sido sometido el corazón urbano de la ciudad gracias al impulso del Consorcio, llegó a tener medio centenar de locales donde las mujeres ejercían la prostitución, hoy en día sólo quedan dos en funcionamiento. Aunque sin un registro oficial de este tipo de empresas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, tanto la Policía, como Inspección de Trabajo, Seguridad Social y los juzgados son conscientes de que el panorama ha sufrido un importante cambio.
La presión ejercida por las autoridades sobre este tipo de negocios ha sido una de las principales claves de los cierres. De hecho, propietarios de una decena de establecimientos, algunos emblemáticos, han acabado ante la justicia bien pagando importantes sanciones, bien con penas de prisión por delitos vinculados al tráfico ilegal de inmigrantes o trata de seres humanos.
La Ucrif de Vigo, encargada de todo el área sur de la provincia en materia de Extranjería, fue pionera en España en poner en marcha un mecanismo que fue el principio del fin de los míticos “nightclubs”. La Comisaría propuso este plan sobre el año 2002, y fue exportado posteriormente a otros puntos del territorio nacional. Consistía en la colaboración con Inspección de Trabajo para realizar controles en los clubes. De esta forma, comenzaron a incrementarse las multas a los propietarios al detectarse infracciones no sólo en extranjería sino también en el terreno laboral. Cada trabajadora sin dar de alta suponía 6.000 euros de multa, lo que llevó a algunos de los establecimientos a llegar a abonar sanciones de hasta 90.000 euros.
Los locales comenzaron a ser objeto de redadas en las que se detectaban mujeres ilegales, sin papeles y trabajadoras sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, para posteriormente llegar hasta casos de redes de explotación de ciudadanas de países sudamericanos o africanos obligadas a prostituirse para hacer frente al pago de las deudas contraidas con las mafias. Con más de medio centenar de detenidos e investigados en los últimos diez años, la justicia llegó a precintar los clubes más emblemáticos de Vigo, lo que supuso el principio del fin del negocio tal y como se entendía hasta entonces. El cambio vino apoyado por la expansión de internet.
