El viceportavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, censuró ayer que el Gobierno gallego 'se niegue' a acogerse al plan de pago a proveedores del Ministerio de Hacienda pese tener 'una deuda' de 800 millones de euros en 'facturas'. En rueda de prensa, el diputado socialista aludió a un informe elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, según el cual la Xunta debe casi 40 millones de euros a proveedores por intereses de demora, para calcular que este dato equivale a 800 millones de euros en facturas.
Es por ello quecriticó que no participe en el citado plan y prefiera 'condenar a los proveedores a sufrir esta demora' y a 'tener derecho a unos intereses que, probablemente, tardarán mucho en cobrar, si es que llegan a cobrarlos'. A esta demora ha añadido Méndez otras 'irregularidades' en la contratación pública de la Administración autonómica, que 'excluye' a empresas gallegas en las bases de sus concursos o 'evita la libere concurrencia' mediante procesos negociados a los que 'invita muy pocas empresas'.
Igualmente, acusó al Sergas de 'forzar alianzas' entre empresas para 'mezclar diferentes servicios' en el mismo contrato y de 'solicitar a los contratistas que cofinancien las propias inversiones de la Xunta'. Todo ello, a su juicio, forma 'un conjunto de prácticas que acaba produciendo un deterioro de las cuentas de las empresas' y, que, además, 'minora los beneficios de la contratación pública'. 'Y echa una extraña sombra de preocupación sobre la transparencia de este Gobierno', ha deslizado el parlamentario coruñés.
Por otra parte, después de que el Parlamento aprobase el martes, únicamente con los votos del PPdeG, el plan de trabajo de la comisión de estudio sobre la corrupción, opinó que este órgano 'difícilmente llegará a un diagnóstico y a unas propuestas que sean efectivas'.
Igualmente, acusó al Sergas de 'forzar alianzas' entre empresas para 'mezclar diferentes servicios' en el mismo contrato y de 'solicitar a los contratistas que cofinancien las propias inversiones de la Xunta'. Todo ello, a su juicio, forma 'un conjunto de prácticas que acaba produciendo un deterioro de las cuentas de las empresas' y, que, además, 'minora los beneficios de la contratación pública'. 'Y echa una extraña sombra de preocupación sobre la transparencia de este Gobierno', ha deslizado el parlamentario coruñés.
Por otra parte, después de que el Parlamento aprobase el martes, únicamente con los votos del PPdeG, el plan de trabajo de la comisión de estudio sobre la corrupción, opinó que este órgano 'difícilmente llegará a un diagnóstico y a unas propuestas que sean efectivas'.
