El presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, anunció que la Administración gallega abrió un expediente al diputado del PPdeG Agustín Hernández por una infracción de carácter grave que debe ser reparada desde la función pública, aunque evitó precisar si será resuelto por el actual Gobierno gallego o por su sucesor.
Preguntado por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, entendió como una infracción grave el hecho de que el diputado popular fuese fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas cuando, un año antes, había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros mientras ocupaba el cargo de director xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga.
Desde el punto de vista ético, político y, previsiblemente, jurídico, no cabe ninguna duda de que existe un incumplimiento de la ley, reprobó el máximo mandatario gallego, quien apuntó que esta infracción lleva aparejada una inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público durante tres años.
Además, incidió en que la Ley de Incompatibilidades 9/1996 es taxativa y no ofrece lugar a dudas ni interpretaciones en su artículo 3, que establece que en los dos años siguientes a la fecha de cese de miembros de la Xunta y altos cargos, no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes o materias con las que hayan tratado durante su responsabilidad.
Utilizando la normativa, que también tipifica las infracciones, Touriño consideró que se trata de una falta grave puesto que no causa daño a la Administración, aunque censuró lo reprobable de una conducta que provoca una grave confusión entre lo público y lo privado.
INCOMPATIBILIDADES
La naturaleza de la ley es delimitar el ámbito público del privado y evitar colisiones entre ellos, indicó, y explicó que el decreto aprobado por la actual Xunta añade la creación de un registro al que deben dirigirse los altos cargos tras su cese para informar de lo que van a hacer. Algo que justificó el jefe de la Xunta en el mejor funcionamiento de la ley y que este caso demuestra que es necesario.
Por ello, defendió la apertura del expediente en que se tiene que hacer en cuanto se detecta fehacientemente esa supuesta falta grave.
Al igual que en cualquier otro caso, aseguró, y explicó que el director xeral de Función Pública será el encargado de comprobar materialmente los supuestos y decidir lo que hay.
NO ES DE RECIBO
En todo caso, Touriño censuró que el presidente del PPdeG y futuro líder del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, avale y considere positiva y satisfactoria la conducta de este diputado de su partido que, además, forma parte de la comisión para el traspaso de poderes. De hecho, el jefe de los populares gallegos defendió como absolutamente legal la actuación de Hernández.
Ante esta constatación, el socialista tachó de reprobable la conducta de Hernández y consideró que no es de recibo. No es de recibo esta confusión manifiesta entre lo público y lo privado, ni por parte de un diputado, ni mucho menos por un candidato a presidir Galicia, criticó.
TRASPASO DE PODERES
Por otra parte, sobre las declaraciones de Hernández en las que acusó al Gobierno bipartito de la Xunta de intentar entorpecer el traspaso de poderes, Touriño zanjó la cuestión al afirmar que siendo el acusador este señor, sobran las palabras.
De todos modos, apostó por recordar que el hecho material es que el 29 de julio de 2005, el equivalente entonces a la próxima semana, en la que se investía al presidente, el anterior Consello de la Xunta se reunió y adjudicó obras.
Algunas obras propuestas por el director xeral de Obras Públicas que nos acusa a, entre otras, la empresa que lo contrató escaso tiempo después, infringiendo gravemente la Ley de Incompatibilidades, censuró. Y ahora, efectivamente, nos acusa de entorpecer el traspaso, comentó Touriño en tono irónico.
REACCIONES EN EL PP
El secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, enmarcó la apertura del expediente informativo a Agustín Hernández en la desfachatez sin límites que el bipartito adoptó en los últimos días y defendió que el diputado 'popular' actuó dentro de la legalidad cuando se incorporó a la empresa Calzadas y Puentes, tras ocupar la Dirección Xeral de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga.
Preguntado en rueda de prensa lamentó que el presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, adoptase esta actitud y certificó que tanto éste como el conselleiro de Presidencia en funciones, José Luis Méndez Romeu, saben que no se produjo ninguna ilegalidad.
Previamente, también se refirió a las palabras vertidas por Méndez Romeu, que aseguró que Hernández está flagrantemente incurso en la Ley de Incompatibilidades de 1996 y quiso recordarle al todavía conselleiro que en la Consellería de Política Territorial hay varios altos cargos imputados por varios delitos, en relación al caso abierto por la autovía de O Barbanza. Es un procedimiento que aún está abierto y eso le debería hacer reflexionar, expuso.
Rueda concluyó que, con posturas como ésta, se hace cada vez más claro y evidente porqué los gallegos decidieron desalojar al bipartito de las urnas y sentenció que las últimas decisiones constatan que el gobierno que perdió en las urnas parece que no se resigna al resultado electoral.
El dirigente político volvió a reiterar que, sin ninguna duda, el diputado 'popular' se movió dentro de los límites de la legalidad, y lo contrapuso con que cuando se habla de la Consellería de Política Territorial, se habla de varios altos cargos imputados por varios delitos graves.
IMPUTADOS FUNCIONARIOS
Cuestionado acerca de si el PPdeG tomará algún tipo de medidas cuando acceda a la Xunta al respecto de los altos cargos imputados, que en su mayoría son funcionarios, Rueda zanjó que el partido hará lo que hizo en este tiempo: estar con la justicia.
Que sea la justicia la que decida sobre las actuaciones de funcionarios y de cualquier persona que esté inclusa en este tema, resolvió Alfonso Rueda.
Desde el punto de vista ético, político y, previsiblemente, jurídico, no cabe ninguna duda de que existe un incumplimiento de la ley, reprobó el máximo mandatario gallego, quien apuntó que esta infracción lleva aparejada una inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público durante tres años.
Además, incidió en que la Ley de Incompatibilidades 9/1996 es taxativa y no ofrece lugar a dudas ni interpretaciones en su artículo 3, que establece que en los dos años siguientes a la fecha de cese de miembros de la Xunta y altos cargos, no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes o materias con las que hayan tratado durante su responsabilidad.
Utilizando la normativa, que también tipifica las infracciones, Touriño consideró que se trata de una falta grave puesto que no causa daño a la Administración, aunque censuró lo reprobable de una conducta que provoca una grave confusión entre lo público y lo privado.
INCOMPATIBILIDADES
La naturaleza de la ley es delimitar el ámbito público del privado y evitar colisiones entre ellos, indicó, y explicó que el decreto aprobado por la actual Xunta añade la creación de un registro al que deben dirigirse los altos cargos tras su cese para informar de lo que van a hacer. Algo que justificó el jefe de la Xunta en el mejor funcionamiento de la ley y que este caso demuestra que es necesario.
Por ello, defendió la apertura del expediente en que se tiene que hacer en cuanto se detecta fehacientemente esa supuesta falta grave.
Al igual que en cualquier otro caso, aseguró, y explicó que el director xeral de Función Pública será el encargado de comprobar materialmente los supuestos y decidir lo que hay.
NO ES DE RECIBO
En todo caso, Touriño censuró que el presidente del PPdeG y futuro líder del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, avale y considere positiva y satisfactoria la conducta de este diputado de su partido que, además, forma parte de la comisión para el traspaso de poderes. De hecho, el jefe de los populares gallegos defendió como absolutamente legal la actuación de Hernández.
Ante esta constatación, el socialista tachó de reprobable la conducta de Hernández y consideró que no es de recibo. No es de recibo esta confusión manifiesta entre lo público y lo privado, ni por parte de un diputado, ni mucho menos por un candidato a presidir Galicia, criticó.
TRASPASO DE PODERES
Por otra parte, sobre las declaraciones de Hernández en las que acusó al Gobierno bipartito de la Xunta de intentar entorpecer el traspaso de poderes, Touriño zanjó la cuestión al afirmar que siendo el acusador este señor, sobran las palabras.
De todos modos, apostó por recordar que el hecho material es que el 29 de julio de 2005, el equivalente entonces a la próxima semana, en la que se investía al presidente, el anterior Consello de la Xunta se reunió y adjudicó obras.
Algunas obras propuestas por el director xeral de Obras Públicas que nos acusa a, entre otras, la empresa que lo contrató escaso tiempo después, infringiendo gravemente la Ley de Incompatibilidades, censuró. Y ahora, efectivamente, nos acusa de entorpecer el traspaso, comentó Touriño en tono irónico.
REACCIONES EN EL PP
El secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, enmarcó la apertura del expediente informativo a Agustín Hernández en la desfachatez sin límites que el bipartito adoptó en los últimos días y defendió que el diputado 'popular' actuó dentro de la legalidad cuando se incorporó a la empresa Calzadas y Puentes, tras ocupar la Dirección Xeral de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga.
Preguntado en rueda de prensa lamentó que el presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, adoptase esta actitud y certificó que tanto éste como el conselleiro de Presidencia en funciones, José Luis Méndez Romeu, saben que no se produjo ninguna ilegalidad.
Previamente, también se refirió a las palabras vertidas por Méndez Romeu, que aseguró que Hernández está flagrantemente incurso en la Ley de Incompatibilidades de 1996 y quiso recordarle al todavía conselleiro que en la Consellería de Política Territorial hay varios altos cargos imputados por varios delitos, en relación al caso abierto por la autovía de O Barbanza. Es un procedimiento que aún está abierto y eso le debería hacer reflexionar, expuso.
Rueda concluyó que, con posturas como ésta, se hace cada vez más claro y evidente porqué los gallegos decidieron desalojar al bipartito de las urnas y sentenció que las últimas decisiones constatan que el gobierno que perdió en las urnas parece que no se resigna al resultado electoral.
El dirigente político volvió a reiterar que, sin ninguna duda, el diputado 'popular' se movió dentro de los límites de la legalidad, y lo contrapuso con que cuando se habla de la Consellería de Política Territorial, se habla de varios altos cargos imputados por varios delitos graves.
IMPUTADOS FUNCIONARIOS
Cuestionado acerca de si el PPdeG tomará algún tipo de medidas cuando acceda a la Xunta al respecto de los altos cargos imputados, que en su mayoría son funcionarios, Rueda zanjó que el partido hará lo que hizo en este tiempo: estar con la justicia.
Que sea la justicia la que decida sobre las actuaciones de funcionarios y de cualquier persona que esté inclusa en este tema, resolvió Alfonso Rueda.
