Pablo Miguel F.D.S., administrador de un geriátrico de Verín, se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel y multa por estafar a un anciano ya fallecido y que padecía una demencia que “le impedía gestionar su persona y bienes”, aseguró la fiscal.
En marzo de 2012, firmó un contrato de estancia en el centro por 1.188 euros al mes. En mayo de 2013, aunque “ya tenía mermada de manera importante su capacidad para la gestión de su patrimonio”, según la acusación, Pablo Miguel firmó con el anciano otro contrato por el cual se comprometía a cuidarlo y prestarle alimentos en la residencia a cambio de que le vendiese dos fincas. Y le dio un poder para disponer de sus bienes. Así, se hizo con un piso por 30.000 euros; una vivienda, una plaza de garaje por 3.000 euros y una finca por 1.300 euros.
La defensa pidió ayer en el juicio en la Audiencia la nulidad.
