El ministro holandés de Inmigración, Klaas Dijkhoff, apuntó que aún quedan algunos pasos para que Turquía pueda ser considerada un "país seguro" al que enviar a los refugiados.
Los ministros europeos del Interior confiaron hoy en que el acuerdo final con Turquía para la deportación de refugiados e inmigrantes irregulares desde Grecia cumplirá con la legalidad internacional y comunitaria.
Los Veintiocho se mostraron preocupados por que el cierre de la ruta de los Balcanes occidentales derive en el surgimiento de otras vías de entrada irregulares a la UE, por ejemplo por Albania o incluso que llegue al Mediterráneo occidental, apuntó el ministro español de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.
"Las mafias que trafican con personas son malas, pero no tontas y van a utilizar otras rutas", aseguró el titular español, que reclamó una política migratoria y de asilo "común e integral", que "atienda a las causas y no solo a las consecuencias".
En este sentido subrayó la necesidad de que las medidas que adopte la UE "no hagan que se cierren unas rutas y se abran otras" porque esto no contribuye a solucionar el problema y puede acabar derivando en un problema en el Mediterráneo occidental.
La presidencia holandesa de turno del Consejo de la UE dijo que hoy los ministros se limitaron a tomar nota del principio de acuerdo sellado con Ankara el lunes en una cumbre entre los líderes comunitarios y el primer ministro turco, Ahmet Davutogulu.
Explicó que será una vez se adopte el pacto final cuando los titulares de Interior se encarguen de su implementación.
El ministro holandés de Inmigración, Klaas Dijkhoff, apuntó que aún quedan algunos pasos para que Turquía pueda ser considerada un "país seguro" al que enviar a los refugiados.
Explicó que todo país seguro debe "respetar el principio de no devolución en caliente, dar la posibilidad de optar a procesos de asilo y ofrecer unas condiciones a las personas a las que dé protección que cumpla ciertos umbrales".
Dijkhoff aseguró que Turquía ya cumple algunos de estos requisitos, pero admitió que se necesitan "mejoras", por ejemplo, en relación a las condiciones que se ofrecen a los refugiados, algo que espera que ayude a mejorar la financiación comunitaria otorgada al país -por ahora solo 95 millones de euros de un monto inicial de 3.000 millones acordado el año pasado-.
"Entonces podremos considerar que es un tercer país seguro", recalcó.
El concepto de "país seguro" es clave para asegurar la legalidad del plan, puesto que no se puede enviar a un demandante de asilo procedente de una zona en conflicto, como sería el caso de los sirios, a otro Estado que no garantice unos criterios mínimos en los proceso de asilo.
El comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris Avramópulos, coincidió con el titular holandés, pero aseguró que el acuerdo final con Turquía respetará la legislación de la UE y la internacional.
Sobre esta misma cuestión se pronunció el propio presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien reiteró que el pacto está avalado por la legislación comunitaria -Grecia considera país seguro a Turquía y la deportación se realizaría sobre la base de ese acuerdo bilateral-.
Juncker admitió, no obstante, que es probable que Grecia y Turquía aún tengan que aprobar algunas leyes para demostrar que están cumpliendo con los requisitos básicos de la Convención de Ginebra.
