Una comisión del Parlamento argentino recomendó hoy al plenario del Legislativo avanzar hacia una ley de expropiación de Aerolíneas Argentinas, luego de que su propietario, el grupo español Marsans, rechazara la valuación de la empresa realizada por el Tribunal de Tasación argentino.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones emitió un dictamen que recomienda expropiar a Marsans la línea aérea y sus subsidiarias para que éstas pasen al Estado argentino.
El trámite de debate de una ley podría demorarse al menos un mes y Marsans ha reiterado en varias oportunidades que recurrirá a todos los medios legales si finalmente le expropian la empresa.
El dictamen fue aprobado tras una insólita reunión a la que los legisladores habían citado al presidente de Aerolíneas Argentinas y vicepresidente de Interinvest (Marsans), Horacio Fargosi, y a Jorge Molina, representante del grupo español en el directorio de la empresa aérea.
Preguntados sobre si Marsans aceptaba la valuación de la compañía realizada por el Tribunal de Tasación por encomienda del Estado, los directivos respondieron que no podían emitir una opinión pues no eran los negociadores designados por el grupo español para acordar con el Gobierno argentino la venta de Aerolíneas.
Tras esa respuesta, los integrantes de la comisión parlamentaria resolvieron convocar para el próximo jueves a Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans, y a Eduardo Aranda, también directivo del grupo, los negociadores españoles en este proceso.
Pero concluida la reunión, de sólo cuatro minutos, en el edificio anexo al Parlamento, Fargosi y Molina entregaron en la mesa de entrada un escrito, firmado por Muñoz y Aranda, en el que Marsans rechaza la valuación del Tribunal de Tasación, dijeron a Efe fuentes parlamentarias.
Eso motivó que el presidente de la comisión, el diputado oficialista Mariano West, convocara nuevamente de urgencia a sus colegas para elaborar un dictamen, que suspendió la reunión del jueves.
En una rueda de prensa posterior, West explicó que la resolución, además, ratificó 'el criterio técnico y la metodología' del Tribunal de Tasación, y recomendó al Ejecutivo 'garantizar' el servicio de Aerolíneas Argentinas y Austral, su subsidiaria para vuelos locales, y 'propiciar' la sanción de una ley que declare a ambas empresas 'de utilidad pública y sujetas a expropiación'.
Dos diputados opositores que avalaron esa decisión matizaron que se deben expropiar 'solamente los activos tangibles e intangibles' de las empresas, 'sin pagar un peso de la deuda' que han adquirido y que cifraron en casi 1.000 millones de dólares.
West dijo que los detalles de la ley serán discutidos 'en los próximos días' en el Parlamento e insistió en que 'se han agotado todas las instancias' para llegar a un acuerdo con Marsans.
El Gobierno de Cristina Fernández y grupo español negociaban desde julio pasado el traspaso de Aerolíneas al Estado argentino, dueño ya de un cinco por ciento de la compañía, pero las conversaciones prácticamente no registraban avances desde que ambas partes presentaron sus valuaciones de la firma.
El Estado argentino estima que la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
Marsans reclama la convocatoria a un tercer tasador independiente, cuya valoración sería inapelable, tal como lo estableció un acta firmada con el Gobierno de Fernández el 17 de julio pasado, cuando se inició la negociación.
El Ejecutivo rechazó esta posibilidad al argumentar que el Parlamento, a comienzos de septiembre, aprobó una ley que convalida el rescate estatal, pero establece que el Legislativo es el que dará el visto bueno al precio que el Estado pagará a la empresa.
'Somos esclavos de la ley. El Congreso es quien tiene la última palabra y no atendremos a ella', sostuvo el ministro de Planificación, Julio de Vido.
Desde julio, Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias son administradas por un consejo de transición formado por tres representantes del Gobierno argentino y dos de Marsans.
El grupo español ha advertido de que recurrirá al tribunal arbitral del Banco Mundial en caso de que sus compañías sean expropiadas.
El trámite de debate de una ley podría demorarse al menos un mes y Marsans ha reiterado en varias oportunidades que recurrirá a todos los medios legales si finalmente le expropian la empresa.
El dictamen fue aprobado tras una insólita reunión a la que los legisladores habían citado al presidente de Aerolíneas Argentinas y vicepresidente de Interinvest (Marsans), Horacio Fargosi, y a Jorge Molina, representante del grupo español en el directorio de la empresa aérea.
Preguntados sobre si Marsans aceptaba la valuación de la compañía realizada por el Tribunal de Tasación por encomienda del Estado, los directivos respondieron que no podían emitir una opinión pues no eran los negociadores designados por el grupo español para acordar con el Gobierno argentino la venta de Aerolíneas.
Tras esa respuesta, los integrantes de la comisión parlamentaria resolvieron convocar para el próximo jueves a Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans, y a Eduardo Aranda, también directivo del grupo, los negociadores españoles en este proceso.
Pero concluida la reunión, de sólo cuatro minutos, en el edificio anexo al Parlamento, Fargosi y Molina entregaron en la mesa de entrada un escrito, firmado por Muñoz y Aranda, en el que Marsans rechaza la valuación del Tribunal de Tasación, dijeron a Efe fuentes parlamentarias.
Eso motivó que el presidente de la comisión, el diputado oficialista Mariano West, convocara nuevamente de urgencia a sus colegas para elaborar un dictamen, que suspendió la reunión del jueves.
En una rueda de prensa posterior, West explicó que la resolución, además, ratificó 'el criterio técnico y la metodología' del Tribunal de Tasación, y recomendó al Ejecutivo 'garantizar' el servicio de Aerolíneas Argentinas y Austral, su subsidiaria para vuelos locales, y 'propiciar' la sanción de una ley que declare a ambas empresas 'de utilidad pública y sujetas a expropiación'.
Dos diputados opositores que avalaron esa decisión matizaron que se deben expropiar 'solamente los activos tangibles e intangibles' de las empresas, 'sin pagar un peso de la deuda' que han adquirido y que cifraron en casi 1.000 millones de dólares.
West dijo que los detalles de la ley serán discutidos 'en los próximos días' en el Parlamento e insistió en que 'se han agotado todas las instancias' para llegar a un acuerdo con Marsans.
El Gobierno de Cristina Fernández y grupo español negociaban desde julio pasado el traspaso de Aerolíneas al Estado argentino, dueño ya de un cinco por ciento de la compañía, pero las conversaciones prácticamente no registraban avances desde que ambas partes presentaron sus valuaciones de la firma.
El Estado argentino estima que la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
Marsans reclama la convocatoria a un tercer tasador independiente, cuya valoración sería inapelable, tal como lo estableció un acta firmada con el Gobierno de Fernández el 17 de julio pasado, cuando se inició la negociación.
El Ejecutivo rechazó esta posibilidad al argumentar que el Parlamento, a comienzos de septiembre, aprobó una ley que convalida el rescate estatal, pero establece que el Legislativo es el que dará el visto bueno al precio que el Estado pagará a la empresa.
'Somos esclavos de la ley. El Congreso es quien tiene la última palabra y no atendremos a ella', sostuvo el ministro de Planificación, Julio de Vido.
Desde julio, Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias son administradas por un consejo de transición formado por tres representantes del Gobierno argentino y dos de Marsans.
El grupo español ha advertido de que recurrirá al tribunal arbitral del Banco Mundial en caso de que sus compañías sean expropiadas.
