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El atropello de Alejandro Valverde, uno de los grandes ciclistas españoles, cuando se entrenaba el pasado sábado ha vuelto a reavivar el debate sobre la difícil convivencia entre el coche y la bici. En el caso ourensano, los accidentes en bicicleta se duplicaron en la provincia en los últimos cinco años. Mientras en 2017 se registraron un total de 18 -ninguno de ellos mortal-, el año pasado la Dirección General de Tráfico contabilizó prácticamente el doble, 35. Y a la par que creció la accidentalidad también subieron las cifras de heridos graves. Mientras que hace cinco años solo un ciclista resultó herido de consideración, en 2021 fueron cuatro.
Por otra parte, la DGT contabilizó dos fallecidos en el último lustro. Ambos en 2020. El primero ocurrió en la N-525, en Xinzo de Limia. Manuel P.C., un hombre de 72 años, fue atropellado en febrero por un vecino de Verín. El ciclista no llevaba ningún tipo de medida de seguridad. El segundo se registró ya en plena pandemia, en septiembre. La víctima también tenía 72 años y cayó de su ciclo tras chocar contra un vehículo.
Más allá de la relevancia recientemente adquirida por el atropello de Valverde, desde la fundación de ciclistas ADO Moure, su responsable, Carlos Moure, señala que “no es un problema nuevo, llevamos pidiendo respeto toda la vida, los datos muestran la realidad y no tenemos más remedio que buscar métodos para autoprotegernos”.
Actualmente, el gobierno tramita una de ley para adaptar el transporte a una movilidad más limpia. Entre otras medidas, se instará a las administraciones a potenciar la movilidad activa, a pie y en bicicleta, en entornos urbanos y metropolitanos. Los ciclistas ourensanos señalan que “más que crear carriles segregados, es más necesario que se cumplan las normas de circulación”.
La Fundación ADO Moure presentó ayer la campaña “Si tú no me respetas, yo me protejo”, que pretende alentar a los ciclistas a grabar sus salidas por si son testigos o sufren cualquier percance o, en el peor de los casos, se convierten en víctimas mortales. Lo proponen con la finalidad de disponer de una prueba fehaciente de lo sucedido, que más tarde podrían presentar a una autoridad.
Según Carlos Moure, “la intención es disuadir a los conductores de vehículos, para que cuando adelanten a un ciclista sepan que los están grabando”, explica. “Los vehículos pueden tener sanciones cuando las cámaras se utilizan para disuadir”, añade. Moure dice que quieren “colaborar con las fuerzas de seguridad, no competir”.
Además, para dar fuerza a la campaña facilicitarán una videocámara a aquellos que se unan a la Fundación. Por su parte, la Dirección General de Tráfico sostiene que “la filmación indiscriminada en espacio público a otras personas o vehículos no está permitida por temas de protección de datos”.
Sin embargo, apuntan como excepción entrenamientos o salidas en grupos. “Sería lícito si van grabando imágenes por estos motivos y con estas grabaciones captan una posible infracción de un vehículo a motor”.
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