El fiscal no aprecia delito y las defensas plantean como alternativa dilaciones y reparación del daño
Rogelio Martínez, Juan Emilio Aparicio, Pablo Fernández Loureiro y Gumersindo Álvarez Rodríguez tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia un día más del cronograma inicial de tres jornadas. Las conclusiones de las partes quedaron para el lunes a las 09.30 horas, ya que los letrados de la defensa solicitaron un aplazamiento porque entienden que el escrito de conclusiones definitivas de la acción popular que ejerce la Asociación para o progreso de O Ribeiro, vinculada al PSOE local, introduce modificaciones sustanciales en el relato de los hechos (explicita el ánimo defraudatorio). Una de ellas, acusar por el delito de prevaricación pese a que la sala concluyó el miércoles que ese precepto estaba prescrito, ya fue aclarada este jueves por los magistrados antes de suspender la sesión: la acción popular no podrá introducirla en su exposición final.
Antes del aplazamiento, las partes ya dejaron ver sus cartas. La acción popular reclama una condena de 16 años de cárcel para el exalcalde de Arnoia, Rogelio Martínez, en calidad de presidente del Centro de Iniciativas para el desarrollo del Val do Miño (Ceivam), constituido en 1993 para atraer fondos comunitarios a los concellos de O Ribeiro. Le acusa de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental en relación a las irregularidades detectadas por Agader en las ayudas recibida por Actuar S.L. a finales de 1999 para la construcción de una planta de biomasa así como por una serie de artesanos para la puesta en marcha de talleres. La acusación sostiene que la planta no es más que un galpón reformado y que los artesanos tampoco cumplían los requisitos para la recepción de ayudas comunitarias.
La acción popular interesa la misma pena de prisión para Pablo Fernández Loureiro, responsable financiero y administrativo de Ceivam, y Emilio Aparicio Estévez, gerente del centro de iniciativas. A Gumersindo Álvarez Rodríguez, representante de Actuar S.L., la entidad responsable de la planta de biomasa, no lo acusa de falsedad en documento oficial, por lo que baja la petición a 10 años.
El fiscal no acusa porque sostiene que se trata de irregularidades administrativas ya subsanadas. Las defensas invocan, en caso de condena, atenuantes muy cualificadas de reparación del daño y dilaciones indebidas (la denuncia es de septiembre de 2006).
Los peritos no se ponen de acuerdo
Los peritos que declararon este jueves no coinciden en la valoración de las obras certificadas con respecto a la planta de biomasa. El que realizó la valoración a petición de Gumersindo Álvarez cuantificó los trabajos en 39.400 euros (con IVA) pero sin incluir las medidas de seguridad -la subvención recibida fue de 39.000-. Según argumentó, para defender su profesionalidad, no conocía las certificaciones previas de Ceivam y negó que ajustara la valoración al importe de las facturas. "Tendría que ser un artista", aseguró.
Por su parte, el perito de la acción popular, propuesto por el juzgado de instrucción, sostiene que las obras realizadas no superan los 5.812 euros y que la factura de 39.000 aportada "carece de fundamento porque los trabajos no se corresponden con la certificación emitida".
El técnico de la Axencia Galega de Desenvolvemento do Rural (Agader), que visitó la planta en 2006, aseguró que la maquinaria certificada no estaba dentro de la nave. Y aunque se adecentó una edificación ya existente, "el tejado y el revestimiento parecían nuevos".
Y confirmó que el dinero de las subvenciones recibidas se había reintegrado.
