El Juzgado de lo Penal 1 sentó ayer en el banquillo de los acusados a Raúl Álvarez González y a Pablo Fernández Acevedo, quienes ocupaban en 2008 los cargos de encargado y responsable de seguridad de la empresa Prefabricados Emben S.A. de O Carballiño, respectivamente, por un siniestro laboral en el que falleció un operario, J.D.Q.
Ambos aceptaron, tras el acuerdo al que llegaron las partes personadas en la causa, una condena de tres meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores (apreciando el fiscal que hubo imprudencia), así como una multa de tres meses a razón de tres euros diarios (270 euros).
Debido a que los procesados reconocieron los hechos que se les imputaban, mostrándose, asimismo, conformes con las penas que interesó para ellos la representante del ministerio público, la vista oral no llegó a desarrollarse, por lo que alrededor de la veintena de testigos citados para el juicio no tuvieron que comparecer ante el juez.
EL ACCIDENTE LABORAL
El suceso por el que los dos acusados se personaron ayer ante el juez sucedió el 30 de abril del mencionado año. Ese día, según sostuvo la acusación pública, Raúl Álvarez, el encargado de la empresa, emplazada en el Polígono Seoane de la localidad, habría ordenado a J.D.Q. (tenía 62 años) que limpiase manualmente una zona exterior de la nave, en donde se encontraba un equipo de fabricación de hormigón.
Precisamente, cuando se disponía a realizar la encomienda, en un punto de la maquinaria en el que existía una cinta transportadora inclinada para trasladar los materiales hasta una cabina mezcladora, quedó atrapado entre la pared de la nave y el dispositivo. Entonces, la víctima, que se dirigió a ese lugar para conectar una máquina hidrolimpiadora a una toma de agua que allí había, fue aprisionado por un dispositivo de la maquinaria, al entrar en funcionamiento sin que la víctima se diera cuenta. Todo ello, tal y como precisó el ministerio fiscal, ocurrió teniendo en cuenta que el equipo 'carecía de avisador acústico' y al 'amortiguar el ruido de su accionamiento el de otra maquinaria'.
A consecuencia de los hechos, el operario, casado y con dos hijos, sufrió un traumatismo por el que sufrió una 'hemorragia abdominal masiva' que le ocasionó la muerte.
FALTA DE CURSOS FORMATIVOS
El ministerio público, que acusó a los dos procesados como las personas que tuvieron responsabilidades en el incidente, consideró que el operario, con una antigüedad en la compañía de seis años como oficial de primera, 'no había recibido hasta ese momento curso alguno de prevención de riesgos laborales'.
El fiscal pedía para los dos acusados, en un principio, un año y medio de cárcel, además de una multa de nueve meses a razón de 12 euros diarios al atribuirle la comisión -en su escrito de acusación provisional- de un delito de homicidio con imprudencia grave y de otro contra los derechos de los trabajadores.
Finalmente, tras el acuerdo alcanzado ayer entre las partes, consiguieron rebajar su pena de prisión en un año y tres meses.
Debido a que los procesados reconocieron los hechos que se les imputaban, mostrándose, asimismo, conformes con las penas que interesó para ellos la representante del ministerio público, la vista oral no llegó a desarrollarse, por lo que alrededor de la veintena de testigos citados para el juicio no tuvieron que comparecer ante el juez.
EL ACCIDENTE LABORAL
El suceso por el que los dos acusados se personaron ayer ante el juez sucedió el 30 de abril del mencionado año. Ese día, según sostuvo la acusación pública, Raúl Álvarez, el encargado de la empresa, emplazada en el Polígono Seoane de la localidad, habría ordenado a J.D.Q. (tenía 62 años) que limpiase manualmente una zona exterior de la nave, en donde se encontraba un equipo de fabricación de hormigón.
Precisamente, cuando se disponía a realizar la encomienda, en un punto de la maquinaria en el que existía una cinta transportadora inclinada para trasladar los materiales hasta una cabina mezcladora, quedó atrapado entre la pared de la nave y el dispositivo. Entonces, la víctima, que se dirigió a ese lugar para conectar una máquina hidrolimpiadora a una toma de agua que allí había, fue aprisionado por un dispositivo de la maquinaria, al entrar en funcionamiento sin que la víctima se diera cuenta. Todo ello, tal y como precisó el ministerio fiscal, ocurrió teniendo en cuenta que el equipo 'carecía de avisador acústico' y al 'amortiguar el ruido de su accionamiento el de otra maquinaria'.
A consecuencia de los hechos, el operario, casado y con dos hijos, sufrió un traumatismo por el que sufrió una 'hemorragia abdominal masiva' que le ocasionó la muerte.
FALTA DE CURSOS FORMATIVOS
El ministerio público, que acusó a los dos procesados como las personas que tuvieron responsabilidades en el incidente, consideró que el operario, con una antigüedad en la compañía de seis años como oficial de primera, 'no había recibido hasta ese momento curso alguno de prevención de riesgos laborales'.
El fiscal pedía para los dos acusados, en un principio, un año y medio de cárcel, además de una multa de nueve meses a razón de 12 euros diarios al atribuirle la comisión -en su escrito de acusación provisional- de un delito de homicidio con imprudencia grave y de otro contra los derechos de los trabajadores.
Finalmente, tras el acuerdo alcanzado ayer entre las partes, consiguieron rebajar su pena de prisión en un año y tres meses.
