La Audiencia juzgó ayer a Josefa González Álvarez, una abogada a la que el fiscal acusó de cometer un delito continuado de apropiación indebida y, alternativamente, uno de deslealtad profesional, por hacerse de forma ilícita con diversas sumas de dinero de la pensión alimenticia que recibía para la hija de una clienta suya, con el fin de cobrar sus honorarios.
En el juicio, que quedó visto para sentencia tras declarar la encausada, así como la perjudicada, S.G.V., y un exmarido de ésta, además de la abuela de la menor y una procuradora, el ministerio público consideró acreditado que la letrada cometió hasta ocho actos fraudulentos entre 2006 y 2008. Estimó probado que la procesada, embargando el salario del padre de la menor -que acudió ayer al juicio como testigo y fue rechazado por la defensa- al pagar las pensiones alimenticias en una cuenta judicial, disponía en ella del dinero para cobrar sus honorarios profesionales. Llegaría de esta forma, según detalla el escrito de acusación del fiscal, a hacerse con más de 3.000 euros.
La acusada indicó ayer haber cobrado 'ese dinero conforme a lo pactado con mi clienta' y que 'quien me convenció de que se cobrase sobre la nómina del marido fue ella (la perjudicada)'. Con todo, a preguntas de la fiscal del caso, aseguró que 'no había ningún acuerdo (escrito) para ello, confié en ella y en su madre'.
La madre de la menor, que acudió sin abogado a la vista que defendiese sus intereses (declaró como testigo), aseguró que 'nadie me creía cuando decía que fui estafada por una abogada' y tildó al colectivo de letrados de 'corporativistas'. Tras acusar a la letrada de 'terrorista del Derecho' sostuvo, ante el fiscal, que no había acuerdo alguno para que se cobrasen sus honorarios de esta forma y, apuntó, que se excedió al cobrarle servicios del turno de oficio como de pago, al indicar supuestamente la letrada a su madre 'si no pagas, tendrás problemas con la niña'.
El fiscal solicitó para la abogada tres años de cárcel por apropiación indebida (y tres de inhabilitación) y, alternativamente, una multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios por deslealtad profesional.
La acusada indicó ayer haber cobrado 'ese dinero conforme a lo pactado con mi clienta' y que 'quien me convenció de que se cobrase sobre la nómina del marido fue ella (la perjudicada)'. Con todo, a preguntas de la fiscal del caso, aseguró que 'no había ningún acuerdo (escrito) para ello, confié en ella y en su madre'.
La madre de la menor, que acudió sin abogado a la vista que defendiese sus intereses (declaró como testigo), aseguró que 'nadie me creía cuando decía que fui estafada por una abogada' y tildó al colectivo de letrados de 'corporativistas'. Tras acusar a la letrada de 'terrorista del Derecho' sostuvo, ante el fiscal, que no había acuerdo alguno para que se cobrasen sus honorarios de esta forma y, apuntó, que se excedió al cobrarle servicios del turno de oficio como de pago, al indicar supuestamente la letrada a su madre 'si no pagas, tendrás problemas con la niña'.
El fiscal solicitó para la abogada tres años de cárcel por apropiación indebida (y tres de inhabilitación) y, alternativamente, una multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios por deslealtad profesional.
