La sentencia absolutoria de la llamada operación Zamburiña , en la que se investigó delitos de tráfico de drogas, revelación de secretos, omisión de perseguir delitos, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, abre la puerta para que los inculpado recuperen las pertenencias que les fueron intervenidas durante los registros, salvo la droga, casi siete kilos de cocaína, heroína, hachís y dos armas. El fallo, en su penúltimo párrafo, acuerda "el alzamiento de las medidas cautelares personales o reales que en relación con la causa se hayan adoptado".
Jorge Temes, el abogado de la principal encausada, Josefa.G., "Pucha", para quien la fiscal pedía hasta 13 años de cárcel, confirmó ayer que la absolución de su clienta, en una sentencia de la que fue ponente la magistrada Ana del Carmen Blanco Arce y que califica de "impecable y espectacular a nivel jurídico en su análisis sobre pruebas obtenidas de forma ilícita", posibilita que se puedan levantar las medidas cautelares en su día acordadas y recuperar tanto el dinero -14.215 euros- aprehendido en la casa de Punxín, registrada el 10 de noviembre de 2015 así como el como el monto bloqueado en cuentas bancarias (42.962 euros) y los 17.520 requisados cuando fue detenida y se encontraba dentro de un coche. En total, 14.697 euros, un dinero que, según la versión de la acusación pública, procedía del narcotráfico, pero no se pudo demostrar porque la investigación policial se sustentó en escuchas anuladas por falta de motivación.
Por su parte, Rachid E., quien según la fiscal era el lugarteniente de Pucha, le serán reintegrados los dos coches incautados por Asuntos Internos, la unidad que investigó el caso. También obtendrá el pasaporte que le fue retirado y que imposibilitó que pudiera viajar a Marruecos, donde reside su familia, desde finales de 2015.
A otro de los imputados, José V.V. le fueron intervenidos 9.000 euros que había en una bolsa que le fue entregada por Rachid en la casa de Josefa en Punxín, además de un coche. Mientras, a José Ramón R.R. se le intervinieron 800 euros, dos vehículos y a Fátima G.M., 620 euros dentro de un bolso; 650 en una cartera y un coche.
Valoración
Por su parte, la fiscal aseguraba ayer que evalúa el fallo notificado el pasado miércoles para decidir si recurre o no la absolución en el Supremo. La sala le da un plazo de cinco días para anunciar el recurso de casación.
La exoneración también posibilita que el inspector Antonio R.F., uno de los cuatro policías acusados de facilitar la labor de supuestos traficantes como Pucha, pueda reingresar en el cuerpo. Dos de sus compañeros de banquillo -Mercedes C.G. y Felipe M.A.- se jubilaron durante la instrucción mientras que el único que continuó trabajando fue José Antonio R.F., para quien se pedía la pena más leve por revelación de secretos.
Los agentes investigados, a través del SUP, el sindicato que salió en su defensa desde un primer momento, expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado "por los que nunca nos abandonaron", reconociendo que en estos últimos años "pasamos momentos difíciles". Su único delito -dicen- "fue trabajar, con jornadas intempestivas al servicio de la Policía Nacional con el único fin de perseguir la delincuencia".
