El trabajo del Defensor del Pueblo se ha duplicado durante el año 2010 en todo el país. Galicia, y en concreto Ourense, no han sido una excepción en el Informe Anual que acaba de presentar la titular en funciones de este organismo, María Luisa Cava de Llano. Si en el año 2009 las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo fueron 1.101, en el pasado ejercicio su número ascendió hasta las 2.270. La provincia que ha registrado un mayor número de incidencias ha sido A Coruña con 1.025 quejas, seguida de Pontevedra con 880, Ourense con 229 y Lugo que cierra la lista con 136.
En las cuatro provincias gallegas el mayor número de reclamaciones ha sido contra la Administración central, con un total de 1.056 quejas. Este dato tan sorprendente y elevado, que no se ha visto recogido en ocasiones anteriores, tiene su origen en la decisión del Gobierno de congelar o rebajar el sueldo de los funcionarios. Han sido muchos ciudadanos los que han usado todas las vías a su alcance para impedir la decisión del Ejecutivo. Por eso, muchos funcionarios denunciaron su situación ante los tribunales y otros lo hicieron ante el Defensor del Pueblo.
El resto de quejas de los ourensanos se han centrado en servicios esenciales, como la sanidad, la justicia, la administración económica y la cultura, en línea con las principales reclamaciones del resto de las provincias gallegas.
ADMINISTRACIONES HOSTILES
Un capítulo que merece una atención más detallada por parte de María Luisa Cava de Llano son las administraciones hostiles o entorpecedoras, que son aquéllas que no responden a los requerimientos del Defensor del Pueblo. En el año 2010 aparece un ayuntamiento gallego, el de Tui, pero hay otros de la provincia de Ourense que han llegado a acumular tres reclamaciones, el límite para figurar como administración hostil.
Así, los municipios ourensanos que figuran en el informe anual de 2010 son los de Vilar de Barrio y Lobios. En el caso de Vilar de Barrio se solicitó en el año 2008 un informe sobre los vertidos de aguas residuales que se estaban produciendo sin autorización ni depuración previa al río Arnoia. Se hizo el tercer requerimiento en el mes de enero de 2010 y se recibió el informe demandado en el mes de febrero de dicho año.
En el caso del Concello de Lobios se solicitó un informe complementario en mayo de 2010 relativo a la posible contaminación fecal del agua canalizada para el consumo del pueblo de Delas. La oficina del Defensor del Pueblo tuvo que hacer un tercer requerimiento el 16 de diciembre de 2010. Finalmente, el concello envío el informe el 29 de diciembre de 2010.
Otra administración entorpecedora ha sido la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a quien se solicitó en 2009 un informe del Proyecto de Restauración Hidrológica-Forestal de las áreas afectadas por las escombreras de pizarra en las márgenes de los ríos Casaio y Santana a su paso por el meandro de San Cosme y de la confluencia de los ríos Casaio y Ardemouro, en el término municipal de Carballeda de Valdeorras. Se hizo el tercer requerimiento en el mes de diciembre de 2010.
El uso del gallego en la comunicación oficial con la Administración central es una queja que se ha repetido en las cuatro provincias de la Comunidad. En el caso de Ourense, la oficina del Defensor del Pueblo detalla el caso de un ciudadano en una gestión con la Agencia Tributaria, quien criticaba la falta de disponibilidad en la oficina de la Delegación en Ourense de la versión en gallego del modelo 030, de declaración censal de alta en el Censo de Obligados Tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales.
El reclamante entendía que, en la medida en que la utilización del repetido impreso resultaba preceptiva para la realización del trámite mencionado, el hecho de que el mismo no se encontrase disponible en lengua gallega debía estimarse vulnerador de su derecho a elegir la lengua, de las dos cooficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma. La Agencia Tributaria informó de que el modelo 030, en formato papel, únicamente figura en lengua castellana porque se trata de un impreso de uso reducido y por razones de economía no se imprime en el resto de lenguas oficiales.
El resto de quejas de los ourensanos se han centrado en servicios esenciales, como la sanidad, la justicia, la administración económica y la cultura, en línea con las principales reclamaciones del resto de las provincias gallegas.
ADMINISTRACIONES HOSTILES
Un capítulo que merece una atención más detallada por parte de María Luisa Cava de Llano son las administraciones hostiles o entorpecedoras, que son aquéllas que no responden a los requerimientos del Defensor del Pueblo. En el año 2010 aparece un ayuntamiento gallego, el de Tui, pero hay otros de la provincia de Ourense que han llegado a acumular tres reclamaciones, el límite para figurar como administración hostil.
Así, los municipios ourensanos que figuran en el informe anual de 2010 son los de Vilar de Barrio y Lobios. En el caso de Vilar de Barrio se solicitó en el año 2008 un informe sobre los vertidos de aguas residuales que se estaban produciendo sin autorización ni depuración previa al río Arnoia. Se hizo el tercer requerimiento en el mes de enero de 2010 y se recibió el informe demandado en el mes de febrero de dicho año.
En el caso del Concello de Lobios se solicitó un informe complementario en mayo de 2010 relativo a la posible contaminación fecal del agua canalizada para el consumo del pueblo de Delas. La oficina del Defensor del Pueblo tuvo que hacer un tercer requerimiento el 16 de diciembre de 2010. Finalmente, el concello envío el informe el 29 de diciembre de 2010.
Otra administración entorpecedora ha sido la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a quien se solicitó en 2009 un informe del Proyecto de Restauración Hidrológica-Forestal de las áreas afectadas por las escombreras de pizarra en las márgenes de los ríos Casaio y Santana a su paso por el meandro de San Cosme y de la confluencia de los ríos Casaio y Ardemouro, en el término municipal de Carballeda de Valdeorras. Se hizo el tercer requerimiento en el mes de diciembre de 2010.
El uso del gallego en la comunicación oficial con la Administración central es una queja que se ha repetido en las cuatro provincias de la Comunidad. En el caso de Ourense, la oficina del Defensor del Pueblo detalla el caso de un ciudadano en una gestión con la Agencia Tributaria, quien criticaba la falta de disponibilidad en la oficina de la Delegación en Ourense de la versión en gallego del modelo 030, de declaración censal de alta en el Censo de Obligados Tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales.
El reclamante entendía que, en la medida en que la utilización del repetido impreso resultaba preceptiva para la realización del trámite mencionado, el hecho de que el mismo no se encontrase disponible en lengua gallega debía estimarse vulnerador de su derecho a elegir la lengua, de las dos cooficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma. La Agencia Tributaria informó de que el modelo 030, en formato papel, únicamente figura en lengua castellana porque se trata de un impreso de uso reducido y por razones de economía no se imprime en el resto de lenguas oficiales.
