El alcalde socialista de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, junto a tres de sus concejales del grupo de gobierno, Cesáreo González, Hortensio Quintairos y José Luis González, han sido absueltos por la magistrada del Penal 1 del delito de prevaricación del que estaban acusados por el hoy portavoz del PP, aunque otrora exedil socialista, José Manuel Andrade.
La magistrada María Celia Conde basa su absolución en que no ha quedado probado cuándo los acusados tuvieron conocimiento de un informe de la secretaria del Concello, fechado el 23 de octubre de 2009, en el que se advertía al grupo de gobierno -entonces en minoría- que la aprobación de los presupuestos es competencia del pleno de la corporación indelegable. Los inculpados, tal como alegó su letrado, José Arcos, desconocían este matiz a la hora de decidir aprobar el presupuesto de 2009 en la junta de gobierno celebrada el 27 de octubre.
La sentencia deja claro que Valencia y sus ediles cometieron una ilegalidad aprobando el presupuesto en un órgano distinto al pleno, de hecho por eso mismo los anuló la sala contencioso-administrativa del TSXG en diciembre de 2011. Ahora bien, la jueza entiende que 'tal vulneración de una norma administrativa no es suficiente para entender que los acusados cometieron una prevaricación ya que no consta que los presupuestos causaran un perjuicio al Concello'. Sin olvidar, tal y como recoge la magistrada, que con posterioridad todo se subsanó: los presupuestos fueron aprobados en pleno tras su nulidad por parte del alto tribunal gallego. Por lo tanto, concluye la sentencia que la vulneración de la norma 'no tiene entidad suficiente para encuadrarla en un delito, que es algo más que una ilegalidad'.
Remachando que el alcalde no era sabedor de que no pudiera aprobar los presupuestos en junta de gobierno.
La sentencia deja claro que Valencia y sus ediles cometieron una ilegalidad aprobando el presupuesto en un órgano distinto al pleno, de hecho por eso mismo los anuló la sala contencioso-administrativa del TSXG en diciembre de 2011. Ahora bien, la jueza entiende que 'tal vulneración de una norma administrativa no es suficiente para entender que los acusados cometieron una prevaricación ya que no consta que los presupuestos causaran un perjuicio al Concello'. Sin olvidar, tal y como recoge la magistrada, que con posterioridad todo se subsanó: los presupuestos fueron aprobados en pleno tras su nulidad por parte del alto tribunal gallego. Por lo tanto, concluye la sentencia que la vulneración de la norma 'no tiene entidad suficiente para encuadrarla en un delito, que es algo más que una ilegalidad'.
Remachando que el alcalde no era sabedor de que no pudiera aprobar los presupuestos en junta de gobierno.
