Alumar aplaude la ley que quiere abolir la prostitución

El Congreso de los Diputados aprobó el martes la admisión a trámite de la Ley para la abolición de la prostitución en España. Una medida que, en esencia, castigará a los clientes, a los que regenten un club de alterne y dejará fuera del delito a las mujeres que ejerzan. En Ourense, hay más de 343 mujeres prostituidas que durante el último año contactaron con una entidad social para recibir ayuda. De ellas, hasta 90 intentaron cambiar de oficio en el mismo periodo de tiempo. Y aunque es prácticamente imposible contabilizar el número de puteros que hay en la provincia, las trabajadoras de Alumar -un grupo de Cáritas que ayuda a las prostitutas- señalan que en los últimos años, lejos de abandonar el consumo, se han ido adaptando a las nuevas opciones del sexo de pago: “Si no se mantiene el grueso de clientes, incluso hay más”. Desde este grupo, la coordinadora, Mari Carmen Alonso, señala que “nos alegramos de que se ponga este asunto sobre la mesa, es darnos cuenta como sociedad de que hay que luchar contra cualquier tipo de manifestación de la violencia y de cosificación de la mujer”. Según la portavoz de Alumar, ninguna mujer “libre” se dedica por gusto en la provincia al trabajo sexual. La mayoría intentan salir y, las que se quedan, acarrean otros problemas como adicciones o miedo: “Tu autoestima está tan destruida que vas por la calle pensando que todo el mundo te reconoce como prostituta. También hay problemas con el alcohol y las drogas; te explican que sin beber no pueden ni sonreír”, relata Alonso. La cara de la prostitución El perfil de la mujer que se dedica a la prostitución en Ourense es el de una persona de 35 años de media, migrante -sobre todo procedente de Latinoamérica- y que normalmente tiene cargas familiares. Además, por lo general tienen estudios primarios que no han podido homologar en España. Una gran parte padece una situación administrativa irregular, por lo que el acceso a un empleo que no sea precario, es muy complicado de alcanzar. “Ante la necesidad económica inmediata, suelen optar a la prostitución como forma rápida de conseguir unos recursos. Cuando se dan cuenta de que les dificulta salir adelante, acuden a pedir ayuda”, explica. "No nos preguntaron" Marisa (nombre ficticio para proteger su identidad) ejerce la prostitución desde hace dos años. Vino de Venezuela con dos hijos hace 13 y, aunque durante diez años trabajó como ayudante de cocina o cuidando a personas mayores, “una lesión permanente en la cadera me impidió seguir realizando ciertas tareas”, indica. Señala que ni a ella ni a ninguna de sus compañeras les dieron la opción a expresarse respecto a su futuro: “Deciden por mí lo que va a pasar y yo tengo que sobrevivir”, dice. Marisa señala que aún no consiguió la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga), “porque tengo dos hijos que trabajan, pero la realidad es que no me pueden ayudar demasiado. Tienen sus propias familias y sueldos también precarios”, explica. “Sí creo que cuando empiecen a multar a los puteros cambiará la cosa -y se reducirá- nuestro negocio que, por cierto, es tan antiguo como Jesucristo”, opina, y añade que “lo que va a pasar es que se va a formar un mercado negro y buscarán formas más clandestinas de vernos, nos buscarán en pisos que es el espacio mayoritario ahora”. Mari Carmen Alonso explica que en Suecia hubo una prohibición semejante a la que se quiere ejecutar en España y que la prostitución se trasladó a aguas internacionales: fuera de la frontera del país, pero con barcos que salían de allí con los clientes a bordo. Sin embargo, opina que “la regularización no es edificante. Va a haber efectos colaterales pero eso no quita que como sociedad podamos poner las cosas en su justo lugar”. Los pisos En la provincia, existen cerca de diez clubs de alterne. Son una ínfima parte sobre la actividad sexual de pago que se lleva a cabo en la provincia. En la última década, el escenario se trasladó a viviendas particulares. Aunque la nueva ley se ocupa de multar a los propietarios de locales que se lucren con esta actividad, en Alumar ven positiva la medida: “Aunque los pisos sean el principal escenario para la prostitución, esto habría que perseguirlo igual que un fumadero de crack”, señala Alonso. Las claves para entender las novedades de la ley abolicionista Las claves para entender la nueva ley pasan por ampliar el delito, cambiar las penas para los consumidores y la consideración de la persona prostituida: - Ampliación del delito: La norma anterior no castigaba cualquier forma de obtención de beneficios con la prostitución ajena, sino que exigía que se llevase a cabo mediante la “explotación” de la persona prostituida. Ya no será un requisito la explotación. - Las penas de prisión para los proxenetas pasan de ser de dos a cinco años a ser de tres a seis años. La multa pasa de los 12 a 24 meses a ser de 18 a 24 meses. - Pasará a equipararse a la persona prostituida con una víctima de un delito y, para el putero, el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de 12 a 24 meses, según la nueva ley. Con la ley mordaza, 12 sanciones y 3.450 euros recaudados Hasta que entre en vigor la nueva ley, la prostitución estará penada de cierta forma en España. La Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), que se aplica desde 2015, considera como infracción leve, en su artículo 37.5, “la realización o incitación de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”. En Ourense se impusieron 12 sanciones leves en el último lustro que abarca desde 2015 a 2020. En total, el Gobierno central recaudó 3.450 euros.