Falsificó firmas para emitir cheques valorados en 15.000 euros con cargo a los fondos del colegio
el colegio de Infantil y Primaria de Oímbra, y que fue penado la semana pasada por un jurado popular, acusado de dos delitos continuados de malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil, ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión. La presidenta del tribunal de la Audiencia Provincial también lo consideró culpable de los hechos que lo llevaron a sentarse en el banquillo. Con todo, le fue aplicada la atenuante de dilaciones indebidas, que ya la fiscal había tenido en cuenta por petición del tribunal popular cuando rebajó la solicitud de la pena de seis a cinco años y medio.
Según los hechos probados de la sentencia emitida, Agustín Aparicio Peláez, desempeñó, además de las funciones de maestro, las de secretario y encargado del servicio de comedor, cargos de los que se valió para apropiarse de 14.961,46 euros de los fondos del centro en su propio beneficio y no para satisfacer las necesidades del colegio.
Para hacerse con el dinero, el ahora condenado emitió y cobró, con cargo a la cuenta del centro, hasta 73 cheques nominativos, firmándolos en su propio nombre, al ser uno de los autorizados, y simulando la rúbrica de otra de las personas que también lo eran: el propio director del centro y otras dos maestras. De hecho, los tres profesionales coincidieron en sus declaraciones durante la celebración de la vista oral, afirmando que "en ningún momento" dieron el permiso tácito al encausado para falsificar sus firmas.
La sentencia recoge también que la prueba pericial es "plena y concluyente, por lo que carece de toda transcendencia del hecho de que el hombre se limitase a hacer un garabato", invalidando las declaraciones de Agustín Aparicio, quien explicó ante el jurado popular que "en ningún momento intenté imitar sus firmas".
Además de la pena de prisión, el fallo contempla una multa de ocho meses con una cuota diaria de seis euros y la inhabilitación para el desempeño de las funciones docentes por un periodo de dos años. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el maestro asturiano deberá abonar a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria la suma de los 73 cheques nominativos que emitió (14.961, 46 euros) desde abril de 2003 hasta junio de 2007, cuando abandonó el centro tras solicitar el traslado.
