El pleito judicial y la anulación de los estatutos y bases para la urbanización del monte de Oira para construir hasta mil viviendas ha resultado beneficioso para la integración del AVE, según el Concello, que así no tendrá que indemnizar.
La sentencia judicial que anula los estatutos y bases de gestión urbanística con el objetivo final de urbanizar y construir hasta mil viviendas en el monte de Oira es considerada como una bendición por el actual gobierno municipal porque evita el pago de indemnizaciones a la empresa promotora, Mahía-Maexpa, que exigiría compensaciones por los gastos realizados en la tramitación de su proyecto, definitivamente paralizado por el nuevo trazado.
Así lo ha señalado la concejala de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, quien ha precisado que el Concello, parte demandada en el pleito, no piensa recurrir el fallo firmado por la juez titular del Contencioso número 1 de Ourense. No sólo eso sino que aplaude y destaca las observaciones que la magistrada realiza sobre el tratamiento de las diferentes áreas de reparto en el norte de la ciudad, al calificar como muy desproporcionadas las cantidades de los aprovechamientos urbanísticos.
En cualquier caso, Soto precisó que si el proyecto de compensación saliese adelante, habría que indemnizar y si empezase a urbanizar, todavía más. Ahora, cuando se defina el trazado de integración en esa zona, habrá expropiaciones pero se evitarán aquellos gastos.
La concejala, que efectuó estas manifestaciones en el anuncio de un proyecto deportivo en la Finca Santamarina, aprovechó para cuestionar la propuesta de trazado que cuatro meses antes de las elecciones de 2007 presentó el PP en Ourense, por el centro de la ciudad, mientras áreas como Oira, las naves de Tabarés o las riberas del Miño se colapsaban de edificios en el PXOM.
Nóvoa: su abstención no variaría el acuerdo
La sentencia también cuestiona el voto del concejal Javier Rodríguez Nóvoa en la junta de gobierno que aprobó aquellos estatutos urbanísticos de Mahía en 2006, durante el mandato de Manuel Cabezas, pero el edil no ha ocultado su sorpresa al respecto, precisando que su voto no iba a variar el acuerdo de la junta de aprobar definitivamente bases y estatutos. Además, y con la salvedad de que no ha leído la sentencia al completo, no entiende como la juez le implica por su relación de parentesco con sus padres y su hermano, que vendieron terrenos a Mahía en la zona. Ellos habían vendido dos años antes de aquel acuerdo y, además, dice, su familia no era propietaria más que de unos 7.000 metros cuadrados de un área de reparto de 240.000.
Nóvoa asegura acatar la resolución judicial pero declara que, si supiese que tenía que abstenerse en aquella junta de gobierno, lo hubiese hecho sin problema; sin embargo, alega, ningún técnico le advirtió de tal eventualidad.
La resolución argumenta que, siendo familiar de vendedores de terrenos a la promotora, debía haberse abstenido en la aprobación de los estatutos y bases, pese a reconocer que su acción era de mero trámite en todo aquel proceso.
Así lo ha señalado la concejala de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, quien ha precisado que el Concello, parte demandada en el pleito, no piensa recurrir el fallo firmado por la juez titular del Contencioso número 1 de Ourense. No sólo eso sino que aplaude y destaca las observaciones que la magistrada realiza sobre el tratamiento de las diferentes áreas de reparto en el norte de la ciudad, al calificar como muy desproporcionadas las cantidades de los aprovechamientos urbanísticos.
En cualquier caso, Soto precisó que si el proyecto de compensación saliese adelante, habría que indemnizar y si empezase a urbanizar, todavía más. Ahora, cuando se defina el trazado de integración en esa zona, habrá expropiaciones pero se evitarán aquellos gastos.
La concejala, que efectuó estas manifestaciones en el anuncio de un proyecto deportivo en la Finca Santamarina, aprovechó para cuestionar la propuesta de trazado que cuatro meses antes de las elecciones de 2007 presentó el PP en Ourense, por el centro de la ciudad, mientras áreas como Oira, las naves de Tabarés o las riberas del Miño se colapsaban de edificios en el PXOM.
Nóvoa: su abstención no variaría el acuerdo
La sentencia también cuestiona el voto del concejal Javier Rodríguez Nóvoa en la junta de gobierno que aprobó aquellos estatutos urbanísticos de Mahía en 2006, durante el mandato de Manuel Cabezas, pero el edil no ha ocultado su sorpresa al respecto, precisando que su voto no iba a variar el acuerdo de la junta de aprobar definitivamente bases y estatutos. Además, y con la salvedad de que no ha leído la sentencia al completo, no entiende como la juez le implica por su relación de parentesco con sus padres y su hermano, que vendieron terrenos a Mahía en la zona. Ellos habían vendido dos años antes de aquel acuerdo y, además, dice, su familia no era propietaria más que de unos 7.000 metros cuadrados de un área de reparto de 240.000.
Nóvoa asegura acatar la resolución judicial pero declara que, si supiese que tenía que abstenerse en aquella junta de gobierno, lo hubiese hecho sin problema; sin embargo, alega, ningún técnico le advirtió de tal eventualidad.
La resolución argumenta que, siendo familiar de vendedores de terrenos a la promotora, debía haberse abstenido en la aprobación de los estatutos y bases, pese a reconocer que su acción era de mero trámite en todo aquel proceso.
