La Audiencia reserva siete semanas para el juicio de la “operación Zamburiña"

La sección segunda de la Audiencia de Ourense ha reservado los meses de enero y febrero del próximo año, en sesiones de lunes a jueves, para juzgar la llamada operación Zamburiña contra el tráfico de drogas en la ciudad durante 2015, un asunto con cuatro policías del exgrupo de estupefacientes de la Policía Nacional imputados, además de otros nueve presuntos traficantes. Un asunto que recayó en Instrucción 1 y que se sustentó en la investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, encargada de los casos de corrupción en el seno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Las fechas inicialmente barajadas para el macrojuicio son entre el 11 de enero y la última semana de febrero del año próximo, aunque la resolución no es firme ya que los abogados tienen una plazo de tres días para alegar incompatibilidades de fechas.

Mientras que todos los inculpados piden la nulidad de actuaciones alegando que la investigación judicial se sustenta en unos anónimos escritos supuestamente por otros policías para perjudicar al grupo de drogas y al grupo operativo de respuesta (GOR), la fiscal habla de colaboración simbiótica de cuatro agentes, entre ellos el inspector del grupo de drogas, Antonio R.F., para dar cobertura a dos grupos de traficantes de la ciudad. Uno liderado por Josefa P.G., alias Pucha, y otro en el que estaría José Ramón R.R. "Tronquito". Los funcionarios, según la tesis de la acusación pública, conseguían "crédito corporativo ante la realización de operaciones aparentemente exitosas sin apenas esfuerzo" que les reportarían reconocimientos profesionales por parte de sus superiores.

Los agentes inculpados insisten en que algunos de esos traficantes eran confidentes, pero nada más. Aseguran que fueron víctimas de un complot en el que tomaron parte los gemelos Bernardo y Roi D.L. con ayuda de Celso B., el policía que apareció muerto en su despacho de la comisaría en abril de 2016. La jueza de Instrucción 3 investiga si fue asesinado por los gemelos para que no confesase el plan urdido para la Zamburiña. Para ello, invocan la investigación de la UDEV de la Comisaría en la que se habla de homicidio y no de suicidio del agente, tal como en un principio se planteó.

Los 13 encausados en la Zamburiña se enfrentan a peticiones de prisión que van desde los 13 años de cárcel que la fiscal pide para Josefa P.G. hasta la pena multa que reclama para el agente José Antonio R.F.