El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, dijo hoy que apuesta por la inocencia del presidente de la fundación San Rosendo, Benigno Moure, a pesar de una sentencia condenatoria, mientras que la CIG y el heredero reclaman a la Xunta que hagan auditorías de la fundación.
Baltar presentó hoy un libro, editado por la Diputación, del pedagogo y galleguista Albino Núñez y después respondió a preguntas de los informadores sobre varias cuestiones, entre ellas la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó al sacerdote Benigno Moure a cinco años de prisión y tres de inhabilitación para trabajos relacionados con ancianos, por un delito de apropiación indebida.
El presidente de la Diputación dijo que las sentencias hay que aceptarlas, aunque recordó que ésta todavía no es firme, y dijo negarse en redondo a creer que Moure sea capaz de hacer algo así, porque mi criterio sobre él no puede ser más positivo y le tengo por una persona de categoría fuera de serie.
Por otra parte, la central sindical nacionalista CIG reclamó a la Xunta, en un comunicado, que haga una auditoría sobre la asistencia prestada en los geriátricos de esta fundación y otra del dinero público destinado a ellos, además de una inspección laboral sobre las condiciones de trabajo.
La Confederación Intersindical Galega alude a la sentencia que condena al presidente de la fundación San Rosendo, Benigno Moure, también al pago de casi 600.000 euros, apropiados indebidamente del patrimonio de una anciana y recuerda que ya denunció hace diez años a esta fundación por malos tratos, atención deficiente y malas condiciones laborales.
En aquella denuncia, según el escrito sindical, la Fiscalía recibió una recopilación de testimonios de internos, familiares y trabajadores que hablaban de múltiples irregularidades y del negocio escondido en la actividad asistencial de la fundación.
A consecuencia de aquella denuncia, según el escrito sindical, algunas personas fueron víctimas de una campaña de desprestigio y de ciertas prácticas represivas por parte de la Xunta, gobernada entonces por el PP, y de la Administración de Justicia actuó con dejadez contra el sacerdote hoy condenado, frente a su diligencia mostrada contra los sindicalistas.
El sindicato considera que la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a Benigno Moure demuestra que aquella denuncia tenía fundamento y no atenderla en su día fue un error y una injusticia, por lo que ahora celebramos que se comience a hacer justicia contra quien delinquió.
La central CIG reclama a las autoridades auditorías de la asistencia prestada, tanto en la fundación San Rosendo como en otras de este tipo que existen en Galicia, y de tipo económico para garantizar que el dinero público del que se nutren, llegue a buen fin.
También insta a la Autoridad Laboral a que fiscalice las condiciones de trabajo de estas organizaciones privadas y a la Xunta, concretamente a Vicepresidencia, para que abandone este nefasto modelo de gestión privada y concertada.
En ese sentido, reclaman que no se renueven con la fundación San Rosendo y otras asistenciales, los contratos concertados para plazas públicas que vayan venciendo y que se fiscalicen hasta su término.
Por su parte, el heredero César Vázquez Romero, que denunció a Moure y a la fundación que preside, explicó que se dirigirá al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, en una carta abierta para pedirle que audite las cuentas de la fundación San Rosendo.
El presidente de la Diputación dijo que las sentencias hay que aceptarlas, aunque recordó que ésta todavía no es firme, y dijo negarse en redondo a creer que Moure sea capaz de hacer algo así, porque mi criterio sobre él no puede ser más positivo y le tengo por una persona de categoría fuera de serie.
Por otra parte, la central sindical nacionalista CIG reclamó a la Xunta, en un comunicado, que haga una auditoría sobre la asistencia prestada en los geriátricos de esta fundación y otra del dinero público destinado a ellos, además de una inspección laboral sobre las condiciones de trabajo.
La Confederación Intersindical Galega alude a la sentencia que condena al presidente de la fundación San Rosendo, Benigno Moure, también al pago de casi 600.000 euros, apropiados indebidamente del patrimonio de una anciana y recuerda que ya denunció hace diez años a esta fundación por malos tratos, atención deficiente y malas condiciones laborales.
En aquella denuncia, según el escrito sindical, la Fiscalía recibió una recopilación de testimonios de internos, familiares y trabajadores que hablaban de múltiples irregularidades y del negocio escondido en la actividad asistencial de la fundación.
A consecuencia de aquella denuncia, según el escrito sindical, algunas personas fueron víctimas de una campaña de desprestigio y de ciertas prácticas represivas por parte de la Xunta, gobernada entonces por el PP, y de la Administración de Justicia actuó con dejadez contra el sacerdote hoy condenado, frente a su diligencia mostrada contra los sindicalistas.
El sindicato considera que la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a Benigno Moure demuestra que aquella denuncia tenía fundamento y no atenderla en su día fue un error y una injusticia, por lo que ahora celebramos que se comience a hacer justicia contra quien delinquió.
La central CIG reclama a las autoridades auditorías de la asistencia prestada, tanto en la fundación San Rosendo como en otras de este tipo que existen en Galicia, y de tipo económico para garantizar que el dinero público del que se nutren, llegue a buen fin.
También insta a la Autoridad Laboral a que fiscalice las condiciones de trabajo de estas organizaciones privadas y a la Xunta, concretamente a Vicepresidencia, para que abandone este nefasto modelo de gestión privada y concertada.
En ese sentido, reclaman que no se renueven con la fundación San Rosendo y otras asistenciales, los contratos concertados para plazas públicas que vayan venciendo y que se fiscalicen hasta su término.
Por su parte, el heredero César Vázquez Romero, que denunció a Moure y a la fundación que preside, explicó que se dirigirá al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, en una carta abierta para pedirle que audite las cuentas de la fundación San Rosendo.
