Casi 2.500 cazadores ourensanos no saben a cuántos jabalíes se enfrentan

El registro de caza mayor recoge casi 2.500 licencias en la provincia de Ourense. Este listado incluye a los cazadores encargados de acabar con la emergencia cinegética temporal por daños de jabalí en 11 de las 12 comarcas ourensanas, una situación declarada anteayer por la Consellería de Medio Ambiente y que se prolongará hasta el 27 de febrero. Los cazadores no saben a cuántos animales se enfrentan, ya que la Consellería de Medio Rural desconoce el tamaño de la población que campa por la provincia al carecer de una estimación o un censo. Desde el Gobierno gallego explican que son las delegaciones provinciales las que, en base a una serie de parámetros, deciden declarar esta situación por los daños causados por los suídos.

Esta lista de parámetros incluye los avisos por daños de jabalíes, la superficie destinada a explotaciones agrarias en la provincia, el número de explotaciones ganaderas (prestando especial atención al ganado porcino) y el número de accidentes de tráfico. En la provincia, en el primer semestre de 2021 se produjeron 678 accidentes con animales, de los cuales 2 de cada 3 tienen jabalíes implicados. En el caso de las explotaciones ganaderas, hay registradas más de 14.500, siendo unas 3.000 de ganado porcino. La superficie que se destina en la provincia a explotaciones agrarias ronda las 56.000 hectáreas.

Un grupo de cazadores posan con unos jabalíes hace unos años.

En el caso de las licencias de caza mayor, no han sufrido un descenso tan acusado como otras. En los últimos 20 años, ha habido un trasvase desde la caza menor a la mayor, haciendo que el número de licencias de esta última sea superior que a principios de siglo, con un total de 2.492.

"La medida no dará resultado"

El secretario de la Unión de Tecores e Cazadores (Unitega), Antonio Mota, cataloga la medida como “postureo cinegético”. Recuerda que en la anterior ocasión en que se declaró este estado de emergencia en la comarca de Viana, “no se organizaron más batidas de las habituales, lo que significa que esta medida no dará ningún resultado”. Mota justifica esta “inoperancia” en la demora de las respuestas por parte de la administración, que otorga los permisos para las batidas diez días después de la notificación de un aviso. El responsable de Unitega señala que, con este sistema, “siempre hay de por medio un jueves, un sábado y un domingo, que son los días habituales de caza”.

También explica que lo que suelen hacer los tecores es “moverse por su cuenta” e inspeccionar la zona en la que se notificaron daños lo antes posible. Por lo tanto, la respuesta a los daños está completamente gestionada por los tecores y no por la administración.

Lo que piden los tecores es, por consiguiente, una agilización de la tramitación de las licencias para poder atajar antes los problemas que les notifican por daños producidos por los jabalíes. Además, critican las reuniones de la Xunta y piden que se cree un grupo de trabajo “que integre a todos los grupos afectados por este problema, no solo a algunos”.

El PPdeG afirma que las medidas se toman “desde el rigor de los datos”

La portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario popular, Marisol Díaz Mouteira, negó ayer que la flexibilización de la caza de jabalíes sea “un parche”, como denunció el sindicato Unións Agrarias. Mouteira argumentó que la declaración de emergencia cinegética es una medida “excepcional” adoptada desde el “rigor” de los datos. Al respecto, señaló que “no se trata de ser exagerados ni de quedarse escasos”. La diputada criticó que para el sindicato sea una “medida insuficiente” y para las organizaciones ecologistas “una locura”. “Se tienen en cuenta el número de avisos, la superficie de daños por ayuntamientos en porcentaje en el marco de la comarca, las explotaciones porcinas, los accidentes de tráfico...”, expuso.

En este sentido, Díaz Mouteira reivindicó que “se está dando un paso grande, importante” y añadió también que “son medidas excepcionales, ante una situación excepcional”. “No es un parche ni es insuficiente; es una iniciativa hecha bajo el rigor de unos parámetros establecidos por el comité de seguimiento de cada provincia, que aporta lo necesario para la adopción de medidas”, concluyó la diputada responsable de medio ambiente del PPdeG.