La Audiencia desestima los recursos de apelación de los imputados contra el auto del juez

El caso de los paneles se dirimirá en un juicio oral

El Concello llegó a excavar agujeros, después tapados, en las aceras para los paneles. (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, que preside Ana del Carmen Blanco Arce, acordó desestimar los recursos de apelación interpuestos contra el auto del Juzgado de Instrucción número uno de Ourense que imputó a tres políticos nacionalistas, un funcionario del Concello de Ourense y dos promotores de una empresa creada para un negocio fallido de explotación de paneles publicitarios.
Esta resolución supone un nuevo paso en el denominado caso de los paneles del BNG, que deberá dirimirse ahora en un juicio oral. Las defensas de los encausados habían presentado los recursos para solicitar el archivo y sobreseimiento del caso, al entender que no se había cometido delito alguno y que incluso los políticos habían votado en una junta de gobierno la anulación del proceso. Unos recursos que ya fueron rechazados en su día por el propio juez instructor. Ahora, la Audiencia acordó también desestimar los de apelación al entender que 'habrá de corresponder al acto de juicio oral la determinación del propósito al que obedeció tal actuación y su real intencionalidad'. Sostiene que es un hecho 'incuestionable que el denominado convenio (con Afiador Produccións) se aparta de la realidad, dato puramente objetivo y en sí mismo suficiente' para derivarlo a un juicio oral. Igualmente, considera 'incontestable que el procedimiento administrativo seguido para la concertación directa (de la concesión), se apartó de los cauces legalmente establecidos, dato asimismo objetivo, y habrá de ser en el plenario (juicio) donde se dtermine si la infracción cometida es o no evidente y clamorosa'.

En este proceso se imputa al exteniente de alcalde, el nacionalista Andrés García Mata; a su antecesor en el cargo, Alexandre Sánchez Vidal; al exdirector xeral de Termalismo, David Cortón; al funcionario municipal Elías Domínguez, y a los dos promotores de la empresa Afiador Produccións, José Omar Bouzo y Daniel Conde Campos.

La Fiscalía, tras una investigación -a raíz de una denuncia presentada por el grupo municipal del PP-, apreció en enero del 2010, indicios de prevaricación y falsedad documental en el proceder de los imputados. Posteriormente, se le sumaron los de cohecho y tráfico de influencias por la supuesta adjudicación a dedo, en 2008, de un contrato millonario a Afiador Produccións para la explotación de los paneles.

El juez y el fiscal entendieron en su día que los imputados cometieron irregularidades al haber un acuerdo entre ellos para adjudicar un servicio que les reportaría grandes beneficios.

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