Empresarios y profesionales insisten en la necesidad de incluir en la ordenación urbanística provisional las unidades de actuación privada que hayan iniciado los trámites de legalización y realizado el 10% de cesión al Concello.
En un comunicado conjunto, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, la asociación de constructores, el Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos, el Colegio de ingenieros técnicos industriales y el Colegio de Arquitectos reivindican esta inclusión por considerar que 'evitaría la paralización del sector, la pérdida del empleo y las negativas consecuencias que se derivarían de una actividad con un enorme peso en la economía de la provincia'.
El comunicado destaca la actitud favorable de la Xunta a incluir estas unidades de actuación por 'cumplir los parámetros legales vigentes', por lo que los colectivos no encuentran 'explicación al hecho de que se quieran excluir ahora de la ordenación provisional, obligándonos a esperar cuatro años en perjuicio de los intereses generales de la ciudad'. A pesar de estas declaraciones, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, insiste en que el Concello 'respetará absolutamente la competencia de la Xunta y el documento que apruebe aunque espera que éste garantice la máxima seguridad jurídica'. Dicho de otro modo, aunque la propuesta municipal sólo incluye los ámbitos de interés público, el gobierno local asume que es la Xunta la que realiza el documento y, por tanto, la responsable del mismo, y no se opondrá a las decisiones de ésta y, por lo tanto, a la inclusión de actuaciones privadas.
Los colectivos que firman el comunicado subrayan que no se puede esperar a la aprobación del nuevo Plan Xeral, como pretende el Concello, para desarrollar estas actuaciones, 'máxime cuando se trata de proyectos ya avanzados y que en este periodo de tiempo podrían iniciarse en todo o en parte'.
El comunicado destaca la actitud favorable de la Xunta a incluir estas unidades de actuación por 'cumplir los parámetros legales vigentes', por lo que los colectivos no encuentran 'explicación al hecho de que se quieran excluir ahora de la ordenación provisional, obligándonos a esperar cuatro años en perjuicio de los intereses generales de la ciudad'. A pesar de estas declaraciones, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, insiste en que el Concello 'respetará absolutamente la competencia de la Xunta y el documento que apruebe aunque espera que éste garantice la máxima seguridad jurídica'. Dicho de otro modo, aunque la propuesta municipal sólo incluye los ámbitos de interés público, el gobierno local asume que es la Xunta la que realiza el documento y, por tanto, la responsable del mismo, y no se opondrá a las decisiones de ésta y, por lo tanto, a la inclusión de actuaciones privadas.
Los colectivos que firman el comunicado subrayan que no se puede esperar a la aprobación del nuevo Plan Xeral, como pretende el Concello, para desarrollar estas actuaciones, 'máxime cuando se trata de proyectos ya avanzados y que en este periodo de tiempo podrían iniciarse en todo o en parte'.
