El Concello de Ourense ha decidido denunciar el convenio de colaboración que mantenía con las Adoratrices para la gestión de la casa de acogida de mujeres maltratadas. La decisión, adoptada en la junta de gobierno del jueves, pretende impedir la prórroga automática del acuerdo, firmado en 2003 y que vence a principios de enero de 2013. Así, la denuncia de una de las dos partes impide que el convenio se prolongue por un periodo de 10 años más.
La concejala de Igualdad, Marga Martín, explica que tanto el Concello como las propias religiosas están de acuerdo en que se deben modificar algunas cuestiones del convenio, 'cosas formales', dice Martín, ya que 'en estos años han cambiado muchas cosas'.
Por ello, a partir de ahora los jurídicos del Concello estudiarán si se firma otro convenio con esta congregación 'o si, por el contrario es necesario licitar este servicio (abrirlo a un concurso para la concurrencia de las instituciones o empresas que así lo deseen)', asegura la concejala que, no obstante, aclara que las religiosas se han comprometido a seguir prestando ese servicio hasta que haya un nuevo convenio o una adjudicación. 'El servicio va a estar cubierto', afirma Martín.
Las religiosas gestionan la casa de acogida, ubicada en un inmueble de su propiedad, y reciben anualmente una aportación económica del Concello -que, a su vez, también obtiene fondos de la Xunta para este fin- de 90.000 euros. La casa tiene capacidad para 25 personas y en la actualidad hay residiendo en ella 23 mujeres y niños -los datos son de la semana pasada-. Su función es considerada 'muy importante' por parte de la concejala de Benestar Social e Igualdade, ya que da servicio a las mujeres víctimas de la violencia de género -y a sus hijos- tengan garantizado un lugar al que acudir cuando abren el proceso de denuncia contra su agresor.
Por ello, a partir de ahora los jurídicos del Concello estudiarán si se firma otro convenio con esta congregación 'o si, por el contrario es necesario licitar este servicio (abrirlo a un concurso para la concurrencia de las instituciones o empresas que así lo deseen)', asegura la concejala que, no obstante, aclara que las religiosas se han comprometido a seguir prestando ese servicio hasta que haya un nuevo convenio o una adjudicación. 'El servicio va a estar cubierto', afirma Martín.
Las religiosas gestionan la casa de acogida, ubicada en un inmueble de su propiedad, y reciben anualmente una aportación económica del Concello -que, a su vez, también obtiene fondos de la Xunta para este fin- de 90.000 euros. La casa tiene capacidad para 25 personas y en la actualidad hay residiendo en ella 23 mujeres y niños -los datos son de la semana pasada-. Su función es considerada 'muy importante' por parte de la concejala de Benestar Social e Igualdade, ya que da servicio a las mujeres víctimas de la violencia de género -y a sus hijos- tengan garantizado un lugar al que acudir cuando abren el proceso de denuncia contra su agresor.
