El Concello de Ourense paga la luz más cara por no firmar contrato

El Concello de Ourense paga sobrecostes en la factura de la luz y el gas del Consello Municipal de Deportes (CMD) desde abril, después de que el gobierno local olvidase licitar un nuevo contrato eléctrico tras expirar el que tenía ligado el convenio marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que le permitía contratar el suministro con precios más bajos. Fue el BNG el que lanzó la advertencia ayer, a raíz de los informes técnicos y del interventor, en la reunión semanal del CMD, durante el debate de aprobación de unas facturas de 109.562,64 euros para pagar estos sobrecostes. BNG y PSOE votaron en contra, pero la abstención del PP permitió desbloquear estos pagos correspondientes a los meses de abril, junio y julio. El problema de pago de la luz ya no deviene de que el Concello esté pagando de más por no haber licitado un nuevo contrato, sino que el pago de las facturas de luz y gas del Pabellón de Os Remedios por casi 110.000 euros “faise sen contrato e vulnerando a lei” al fraccionar contratos, como advirtió en la reunión el portavoz nacionalista, Luis Seara. A día de hoy, el CMD no tiene contrato en vigor con ninguna empresa y el coste de las facturas duplica en algunos casos lo que se pagaba hasta el pasado 10 de abril, cuando expiró el contrato que el Concello tenía amparado en el acuerdo marco para la contratación de electricidad de la FEMP. “O feito de non ter contrato en vigor con ningunha compañía comercializadora no mercado libre, para o que se tería que ter tramitado unha licitación pública, fai que actualmente sexa a compañía comercializadora de referencia no mercado regulado a que estea prestando o servizo e emitindo as facturas”, explica Seara. Las facturas tienen recargas del 20% respecto a las que venían produciéndose cuando el Concello estaba adherido al convenio. Un informe del jefe de Administración del CMD señala el “enorme incremento no custo da subministración da enerxía eléctrica, case duplicando o custo”. Otro informe del interventor apunta que no se pueden fraccionar los contratos cuando tienen el mismo objeto contractual y concluye que “estamos en presenza dunha actuación administrativa que comporta unha xestión de fondos públicos en clara contravención das normas e principios de contratación administrativa, dado que non se observa proceso de contratación algún”. El nacionalista Seara reprochó que al gobierno local “dalle igual ter que pagar oito que oitenta” y considera “inadmisible” que sabiendo que el contrato vencía en abril no se hubiese iniciado a tiempo el procedimiento para contratar una nueva empresa suministradora para evitar sobrecostes, “xa que daquela só estaban preocupados en sacar adiante o bono comercio”. Seara exige que se tomen medidas para regularizar la situación. Además, el BNG llevará al Consello de Contas esta situación, por si fuera constitutivo de un ilícito penal. El presidente del CMD, Aníbal Pereira, señaló que se están tomando medidas para intentar rebajar el coste, incluso estudiando la posibilidad de alguna instalación de autoconsumo, y justificó que aunque se hubiese renovado el convenio el coste sería similar al de ahora.