Los concellos de Ourense, Verín, Celanova, Caldelas, Allariz y Ribadavia firmaron el acuerdo con la ministra de Vivienda

Un convenio permite rehabilitar 43 casas en el casco viejo y en Seixalbo

El convenio firmado ayer entre el Ministerio de Vivienda y seis concellos de la provincia de Ourense, entre ellos el de la capital, permitirá rehabilitar hasta 33 viviendas en el casco histórico de la ciudad y 10 más en el núcleo etnográfico de Seixalbo, todo ello con una aportación estatal de 274.428 euros.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y los alcaldes de Celanova (Antonio Mouriño), Verín (Jiménez Morán), Allariz (Francisco García), Castro Caldelas (Eladio Osorio), Ribadavia (Marcos Blanco) y el teniente de alcalde de Ourense (García Mata) rubricaron el acuerdo en A Coruña, un convenio que afecta a 30 municipios gallegos y que permitirá rehabilitar 200 viviendas en Pontevedra, 244 en Lugo, 400 en A Coruña y 114 en Ourense, la provincia que, por cierto, recibe menos ayudas.

En la ciudad, Mata asegura que la ayuda permite continuar con el desarrollo del PERI, tanto del casco antiguo, donde se iniciaron o finalizaron hasta 30 actuaciones en casas, como del de Seixalbo.

Según la ministra, la rehabilitación es una actividad intensiva en mano de obra, que, además, ha de ser especializada, mejor formada y de mayor calidad que la de la construcción tradicional.

Asimismo, aclaró que para este nuevo plan se ha ampliado el concepto de rehabilitación para dar entrada a obras de accesibilidad y de eficiencia energética.

Creará hasta 3.500 empleos en los municipios

El titular de Medio Ambiente, Agustín Hernández, subrayó la inversión de la Xunta en estas actuaciones, con 6,3 millones de euros en tres anualidades, que sumados a los 7,8 del Ministerio de Vivienda, los 3,2 de los ayuntamientos y los 12,4 millones de los particulares, movilizan casi 30 millones de euros para cerca de mil actuaciones en 43 áreas de rehabilitación de 30 municipios gallegos. Esta inversión permitirá la generación de más de 3.500 puestos de trabajo y beneficiarán directamente a unas 100.000 personas.
La ministra destacó que esta medida permite permite ocupar al 73 por ciento de la mano de obra que trabaja para el sector de la construcción residencial.

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