A día de hoy parece complicado que realmente se llegue a materializar ese proyecto urbanístico tal y como ha sido redactado pues el propio aparejador municipal halló numerosas deficiencias. Pero, ¿por qué una manzana fraguada en 1990 es en 2013 protagonista de un conflicto urbanístico?
1. El origen. El proyecto de delimitación de esta zona -la 11 del SU 5 en el Plan de 1986- se aprobó en junio de 1990. Uno de los propietarios, Edificaciones Cruceiro -del constructor Bautista Rodríguez-, pidió la reparcelación del polígono porque los edificios de la avenida de Portugal se construyeron sin que se hubiera producido la reparcelación del interior de la manzana. En 1999, una sentencia del Tribunal Supremo le dio la razón al ordenar al Concello 'iniciar el procedimiento para la justa distribución de beneficios y cargas' en ese ámbito. Rodríguez solicitó la ejecución de la sentencia en varias ocasiones, pero no fue hasta febrero de 2002 cuando el Tribunal Superior de Xustiza requirió personalmente al entonces alcalde, Manuel Cabezas, su cumplimiento bajo apercibimiento de inhabilitación.
2. El acuerdo. Ese mismo mes, y ante la imposibilidad de reparcelar porque ya había edificios acabados y habitados, la comisión de gobierno otorgó al constructor compensaciones en edificabilidad sobre solares propiedad del afectado en otras zonas. El 4 de marzo de ese año, el constructor solicitó al Tribunal Superior de Xustiza dejar temporalmente en suspenso los requerimientos formulados a la Alcaldía. Según un informe realizado por el Concello, vio incrementados los aprovechamientos urbanísticos en otras propiedades (Ricardo Coutier o Ramón María Aller) de forma considerable. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, llegó a asegurar, en base a estos informes, que el constructor había sido compensado de esta forma con 13.974.794 euros más que los que les correspondían (según ella, algo más de 404.000 euros). El letrado de Bautista Rodríguez niega que se le hubiese compensado.
3. La ejecución. En enero de 2012, Bautista Rodríguez volvió a solicitar la ejecución de la sentencia, reclamando así la compensación que el Supremo le había reconocido entonces. El pasado 15 de mayo, un auto del Tribunal Superior de Xustiza volvía a requerir al Concello que iniciase el procedimiento de equidistribución de beneficios y cargas. La concejala de Urbanismo encargó a un estudio de arquitectura la elaboración del proyecto, que es el que contempla elevadas cargas económicas para vecinos ajenos al conflicto original y la demolición de todos los edificios, excepto tres.
4. El proyecto. El aparejador municipal detecta numerosas deficiencias en el proyecto de reparcelación que se tramita. Para empezar, que se tome como referencia la normativa actual, en lugar de la que ordena la sentencia (1999) que, a diferencia de la de 2013, sí permitía la reparcelación en suelo urbano consolidado. Según este informe, hay errores en la cartografía y no aporta 'valoraciones de ningún tipo sobre los locales existentes y sus posibles indemnizaciones'. Asimismo, considera que las compensaciones económicas a los residentes 'no están justificadas' y son insuficientes. De aprobarse en junta de gobierno el proyecto de reparcelación, sería preciso comprobar si se ajusta a la ordenación prevista en el nuevo Plan Xeral. De no ser así, el ámbito estaría afectado por la suspensión de licencias y no podría recibir licencia.
5. Los recursos. Edificaciones Cruceiro discrepa del proyecto de reparcelación que tramita el Concello. Así lo hace constar en un escrito presentado al Tribunal Superior de Xustiza en el que de nuevo alerta de un incumplimiento de la ejecución de la sentencia y reclama multas coercitivas de 1.500 euros para el alcalde y la concejala de Urbanismo. Alternativamente, solicita que el aparejador jefe supervise la redacción de un nuevo proyecto. Considera que el proyecto de reparcelación redactado es 'a todas luces inviable' y que tiene por finalidad 'justificar ante la Sala la existencia meramente formal de un expediente, sin la menor intención real de resolverlo'. Esta parte apuesta por una compensación económica. Según los cálculos realizados en su día por el Concello, el valor de los derechos de Bautista Rodríguez en este polígono ascendía a 401.000 euros, aunque su letrado considera que se situaría en 700.000.
6. El otro litigante. Otro promotor de este ámbito (Grupo Inmobiliario Colba) se plantea presentar un recurso contra el proyecto de reparcelación por los perjuicios que ocasiona a los vecinos. Reclamó en 2001 al Concello de más de un millón de euros por no dejarle edificar 70 viviendas, después de haber obtenido la licencia para demoler cuatro edificios y realojar a sus vecinos Con el Plan Xeral de 2003, el problema se subsanó al quedar sus parcelas calificadas como suelo urbano consolidado pero la anulación del Plan Xeral en 2011 impidió cualquier actuación. El nuevo planeamiento volvería a calificar de suelo urbano consolidado la parte frontal construida y dejar la trasera en otra área de reparto.
