Envía cartas a la Xunta y al Concello pidiendo locales disponibles para reubicar a sus 25 trabajadores
El Ministerio de Defensa ha remitido a la administración autonómica en Ourense y al Concello de la ciudad un escrito solicitando información sobre la disponibilidad de locales oficiales adscritos a alguna de esas instituciones para reubicar las oficinas de la Subdelegación de Defensa -con la Unidad de veteranos y el Isfas- y poner a la venta, después, el actual edificio protegido de la calle del Paseo. Defensa necesita 500 metros cuadrados y la posibilidad de instalar un mástil en la fachada para colocar la bandera de España.
Con ese escrito, que confirmaba ayer el propio subdelegado, Ramón Rey Vich, se inicia la segunda fase del llamado Plan de racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa, el llamado Prepidef, que pretende desprenderse de decenas de edificios en todo el país; serán, en total, y cuando el plan finalice, 203 instalaciones, de las que 181 serían cerradas y vendidas y otras 22 podrían ser reutilizadas mediante convenios con otras administraciones públicas.
La primera fase del Plan no afectó a la única propiedad del Ministerio de Defensa en Ourense pero la activación de la segunda etapa sí la incluye, aunque el proceso está en un momento muy inicial. Se reactivó hace una semana mediante el envío del escrito, donde se solicita información sobre locales disponibles que pueda ocupar la Subdelegación. La fórmula del posible acuerdo con la institución correspondiente se supeditará a futuras negociaciones que podrían incluir la compra u ocupación del edificio de la calle del Paseo, si interesase a ambas; igual que la cesión, alquiler o también compra de las nuevas oficinas. Con todo, el Ministerio tendría interés en resolver esta operación en el año 2015, para lo que necesita reubicar en un local adecuado a los 25 trabajadores de la Subdelegación, de los que nueve son militares.
La intención inicial de Defensa fue la de vender el edificio y se plan se mantiene porque su cierre se realiza precisamente para ajustar costes y obtener ingresos, lo que ya generó numerosas críticas desde los partidos de la oposición al PP, que temen la venta a una empresa privada y cuestionan la incertidumbre que se abre para este edificio protegido.
