El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, admitió a trámite la petición de ayuda de Sonia Morales, vecina de Ourense que denunció a una abogada de la ciudad como presunta autora de una estafa y apropiación indebida y al Colegio Oficial de Abogados por corporativismo, explicó la denunciante.
El Defensor del Pueblo, según la respuesta que envió a Morales, analizará la documentación enviada por la denunciante sobre su relación con la abogada durante ocho años, desde que le fue asignada de oficio para un proceso de malos tratos contra su ex-marido.
En su denuncia contra la letrada, Morales explicó que se apropió de la pensión alimenticia asignada a su hija tras la separación de su ex-marido y la acusó también de estafa y deslealtad.
La relación profesional entre abogada y denunciante comenzó en el año 2000 con el proceso de separación de Morales -actualmente residente en Valencia- para el que el juzgado la asignó letrada de oficio -ahora denunciada- que también le representó en los procesos posteriores de apropiación indebido de muebles, divorcio, custodia y asignación de pensión alimenticia, todos contra su ex-marido.
En el primer juicio tras la separación la abogada hizo firmar a Morales un papel tapado por otros tras decirle que era la autorización para que declarase uno de los testigos.
Según la denuncia, ese papel no era tal autorización sino un reconocimiento de honorarios en favor de la abogada por lo que, con un engaño, pasó de ser letrada de oficio a abogada de pago.
La denunciante considera, en su denuncia y en el escrito al Defensor del Pueblo, que la jurista se aprovechó de su ignorancia sobre asuntos legales, de su juventud y del cuadro depresivo que sufría, tras cinco años de malos tratos previos a la separación y del que aún tiene, como secuela, una anorexia nerviosa.
Morales se trasladó a vivir a Valencia y tras firmar el documento de reconocimiento de honorarios, su abogada le pidió un poder notarial para el divorcio del que luego comprobó que no era necesario, se apropió durante varios meses de 2007 de 200 euros mensuales que eran embargados del sueldo de su ex-marido en concepto de pensión alimenticia para la hija de ambos, y le cobró las costas de los juicios que correspondían a su ex-marido.
Tras la denuncia, el proceso comenzó en el mes de noviembre de 2008 en el Juzgado de Instrucción número uno de Ourense con la declaración de la imputada, en la que hizo entrega de un informe médico sobre Sonia Morales.
La joven de Ourense denunció en el juzgado al Colegio de Abogados por supuesto corporativismo, pues en esa declaración judicial de noviembre, la abogada denunciada entregó un informe médico que Morales añadió a una petición de amparo que presentó en el colegio oficial a mediados de 2008.
En su denuncia contra la letrada, Morales explicó que se apropió de la pensión alimenticia asignada a su hija tras la separación de su ex-marido y la acusó también de estafa y deslealtad.
La relación profesional entre abogada y denunciante comenzó en el año 2000 con el proceso de separación de Morales -actualmente residente en Valencia- para el que el juzgado la asignó letrada de oficio -ahora denunciada- que también le representó en los procesos posteriores de apropiación indebido de muebles, divorcio, custodia y asignación de pensión alimenticia, todos contra su ex-marido.
En el primer juicio tras la separación la abogada hizo firmar a Morales un papel tapado por otros tras decirle que era la autorización para que declarase uno de los testigos.
Según la denuncia, ese papel no era tal autorización sino un reconocimiento de honorarios en favor de la abogada por lo que, con un engaño, pasó de ser letrada de oficio a abogada de pago.
La denunciante considera, en su denuncia y en el escrito al Defensor del Pueblo, que la jurista se aprovechó de su ignorancia sobre asuntos legales, de su juventud y del cuadro depresivo que sufría, tras cinco años de malos tratos previos a la separación y del que aún tiene, como secuela, una anorexia nerviosa.
Morales se trasladó a vivir a Valencia y tras firmar el documento de reconocimiento de honorarios, su abogada le pidió un poder notarial para el divorcio del que luego comprobó que no era necesario, se apropió durante varios meses de 2007 de 200 euros mensuales que eran embargados del sueldo de su ex-marido en concepto de pensión alimenticia para la hija de ambos, y le cobró las costas de los juicios que correspondían a su ex-marido.
Tras la denuncia, el proceso comenzó en el mes de noviembre de 2008 en el Juzgado de Instrucción número uno de Ourense con la declaración de la imputada, en la que hizo entrega de un informe médico sobre Sonia Morales.
La joven de Ourense denunció en el juzgado al Colegio de Abogados por supuesto corporativismo, pues en esa declaración judicial de noviembre, la abogada denunciada entregó un informe médico que Morales añadió a una petición de amparo que presentó en el colegio oficial a mediados de 2008.
