El caso penal de corrupción política que frenó en seco la carrera del exdelegado de la Xunta Rogelio Martínez, hoy director gerente de Expourense, Rogelio Martínez, llegó al final del túnel, 15 años después, con la sentencia del Supremo que no mueve una coma en el fallo absolutorio dictado por la Audiencia de Ourense en junio de 2019.
El alto tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por la Asociación para o progreso de O Ribeiro, vinculada al PSOE, y única parte que acusaba al considerar la fiscalía que los delitos estaban prescritos, para intentar revocar la absolución de Martínez y otros 10 investigados para los que pedía penas de hasta 16 años de prisión.
La Audiencia provincial ya había zanjado el asunto para ocho de ellos, tras la primera sesión del juicio, al considerar que el caso por malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones estaba ya prescrito para ellos.
El controvertido asunto, que fue archivado y reabierto en instrucción, puso la lupa en la gestión de Rogelio Martínez en su etapa como alcalde de Arnoia en relación a las ayudas de la Unión Europea concedidas en 1999 para una planta de biomasa en Arnoia y la puesta en marcha de cinco talleres artesanales. Las subvenciones fueron canalizadas a través del Centro de iniciativas para el desarrollo del Val do Miño (Ceivam), una entidad pública-privada constituida el 23 de noviembre de 1993 de la que Martínez era el presidente. Los otros acusados que continuaron en el banquillo también tenían relación con Ceivam: Pablo Fernández, responsable financiero; el gerente, Juan Emilio Aparicio, además del administrador de la entidad Actividades Culturales Turísticas SL “Actuar”, Gumersindo Álvarez (solicitó la subvención a Ceivam para la planta de biomasa en Arnoia).
Y aunque el dinero debía ser invertido en una planta de biosama que nunca dejó de ser un galpón, los jueces ourensanos no hallaron prueba de que Martínez y sus compañeros de banquillo estuvieran al tanto de un proyecto tan mal ejecutado.
El Supremo no admite ninguno de los motivos que sustentan el recurso de la acusación popular, a la que impone las costas. No obstante, Rogelio Martínez duda que las pague “porque esa asociación no existe, solo sobre el papel”, y, a su entender, fue instrumentalizada para acabar con su carrera política. Aunque la denuncia de septiembre de 2016 fue presentada por Rodrigo Alberte Pívida, exedil nacionalista en Arnoia, el BNG de O Ribeiro acabó retirándose del proceso cuando el juzgado instructor archivó el caso a tenor de un informe de la fiscalía.
“Nunca presentaron un aval y las costas no podrán ser abonadas, estoy convencido, contrariamente a la fianza de más de 100.000 euros que tuvimos que presentar los cuatro que quedamos”, explica el político. Argumenta que no hay sentencia que repare “el daño y coste personal, profesional y económico que me causó este caso”. Durante años, asegura, “se me trató como un delincuente, tuve que gastar más de 30.000 euros, pero no pasa nada para quien te denuncia sin pruebas”.
