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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El pleno de la Diputación, en la sesión común correspondiente al mes de julio, aprobó ayer los convenios de colaboración con siete ayuntamientos de la provincia para la construcción de otras tantas residencias para mayores, con una inversión por parte de la institución provincial de 2.650.916,95 euros en las anualidades de 2024 y 2025. Estos convenios permitirán cofinanciar la construcción de centros para mayores en los concellos de A Gudiña, A Teixeira, Laza, Piñor, Trasmiras, Xunqueira de Ambía y Os Blancos, contando para este fin con el apoyo económico de la Xunta.
Así, el Gobierno gallego realizará una inversión de 8.344.765,39 euros también en las dos anualidades citadas. En la cofinanciación de estas residencias también participan tres de los siete ayuntamientos: A Teixeira y Trasmiras destinarán 336.944,26 euros, respectivamente, mientras que Piñor aportará 1.000 euros. Estos convenios de colaboración se enmarcan en el ámbito competencial de la Diputación y de las entidades locales, teniendo como finalidad “garantir a prestación de servizos de interese público, como é o caso das residencias para maiores”.
Por su parte, el grupo socialista alcanzó el acuerdo del Pleno para “paralizar de xeito urxente” la subida del canon que pagan los concellos adscritos a Sogama y a favor de la adopción de nuevas fórmulas de gestión de residuos “menos obsoletas e máis respectuosas coa nosa contorna”.
Con la abstención del PP y el voto favorable del BNG, la Diputación exigirá a la Xunta el mantenimiento del canon actual, que es de 66 euros por tonelada de residuos domésticos gestionada, salvaguardando la bonificación del 15%, resultando un monto de 56,10 euros por tonelada de residuos domésticos. Según los socialistas, el consejo de administración de Sogama aprobó el 25 de junio una “actualización do canon” que factura a 295 concellos gallegos por la gestión de la basura, pasando de cobrar 66,01 euros por tonelada recogida a 78 euros por tonelada en el próximo ejercicio 2025, “co prexuízo que isto implica para os concellos ourensáns”.
La Corporación provincial instará al Gobierno a que dote a los ayuntamientos de una partida para aplicar la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, en base a criterios objetivos basados en un censo sobre los animales domésticos en el concello, tipo de especie, estado (abandonado, libre, en explotación) o edad. También se pide la modificación de esta ley para enmendar las carencias observadas, atendiendo a los criterios de los profesionales sanitarios del sector y a las recomendaciones de la FEMP.
La Diputación instará al Gobierno central a realizar la mejora integral del firme de la N-120, concretamente en la comarca de Valdeorras. También que se realicen los trabajos de limpieza de biomasa en los taludes de la N-120, priorizando los núcleos habitados, cumpliendo además con la Ley de Prevención y Defensa contra los incendios forestales de Galicia. Entre las peticiones figuran, además, un estudio de los puntos negros de la N-120 en el referido a choques con fauna salvaje y realizar cierres en esas zonas, el acceso a A Rúa y Vilamartín y destinar fondos para estas actuaciones en los presupuestos generales del Estado, así como el presupuesto necesario para ejecutar sin más demoras la A-76.
Entre los asuntos figuraba la aprobación de una solicitud a la Xunta para asumir, por parte de la Diputación, la prestación de servicios mínimos obligatorios municipales en Os Blancos. Se trata de una nueva prórroga hasta marzo de 2026 para prestar los servicios mínimos que viene asumiendo la Diputación tras la situación de riesgo financiero en la que se encontraba el Concello en 2017.
También se aprobó un presupuesto de 4,6 millones para el Consorcio Provincial para la prestación del servicio contra incendios y salvamento, propiciar el arreglo de la OU-533 y expropiar una parcela para restaurar la zona de baño del río Edo (Castro Caldelas).
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