La Diputación de Ourense ha acordado hoy pedir dinero al Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagar la deuda cercana a 785.000 euros pendiente desde 2010, cuyas facturas no estaba incluidas en los presupuestos.
La propuesta fue adoptada en una reunión plenaria extraordinaria de esa institución con los votos favorables de los representantes del PPdeG, la abstención de los del PSdeG y la postura en contra de los del BNG, en una sesión centrada en tres puntos relativos al reconocimiento extrajudicial de créditos, la solicitud de 2,3 millones al ICO y la aprobación del expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito y créditos extraordinarios.
Según el PPdeG, se trata de una situación de 'carácter excepcional' que tiene como objetivo 'regularizar la situación existente' de pago a los proveedores, ante las críticas del BNG y PSdeG, que denuncian una mala utilización de los presupuestos.
En su intervención, el portavoz del BNG, Xan Jardón, aseguró que el monto de deuda no incluida en las cuentas vulnera principios fundamentales como el relativo al 'equilibrio presupuestario' y de control de gasto, y 'deben ser irrenunciables'.
'Hay que gastar mejor, y no por encima de nuestras posibilidades', advirtió Jardón.
Por su parte, el portavoz del PSdeG, Ignacio Gómez, subrayó que el ente provincial ha incumplido 'el principio de anualidad presupuestaria', de 'no gastar por encima del crédito', algo que únicamente estaría 'justificado en situación de emergencia'.
Para Gómez, un gran número de las facturas que están todavía sin pagar corresponden a 'gastos voluntarios' y de personal, y responsabilizó al PPdeG de una situación en la que 'los únicos perjudicados son los proveedores'.
Frente a las críticas de ambos partidos, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, del PPdeG, aseguró que se trata de 'una medida excepcional' al no tener este año 'liquidez anticipada', y añadió que en cualquier caso 'no llega al 1% del presupuesto'.
En esta línea, Baltar subrayó la Diputación no se puede endeudar más, y que el reconocimiento extrajudicial de crédito es la 'única solución'.
Según el PPdeG, se trata de una situación de 'carácter excepcional' que tiene como objetivo 'regularizar la situación existente' de pago a los proveedores, ante las críticas del BNG y PSdeG, que denuncian una mala utilización de los presupuestos.
En su intervención, el portavoz del BNG, Xan Jardón, aseguró que el monto de deuda no incluida en las cuentas vulnera principios fundamentales como el relativo al 'equilibrio presupuestario' y de control de gasto, y 'deben ser irrenunciables'.
'Hay que gastar mejor, y no por encima de nuestras posibilidades', advirtió Jardón.
Por su parte, el portavoz del PSdeG, Ignacio Gómez, subrayó que el ente provincial ha incumplido 'el principio de anualidad presupuestaria', de 'no gastar por encima del crédito', algo que únicamente estaría 'justificado en situación de emergencia'.
Para Gómez, un gran número de las facturas que están todavía sin pagar corresponden a 'gastos voluntarios' y de personal, y responsabilizó al PPdeG de una situación en la que 'los únicos perjudicados son los proveedores'.
Frente a las críticas de ambos partidos, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, del PPdeG, aseguró que se trata de 'una medida excepcional' al no tener este año 'liquidez anticipada', y añadió que en cualquier caso 'no llega al 1% del presupuesto'.
En esta línea, Baltar subrayó la Diputación no se puede endeudar más, y que el reconocimiento extrajudicial de crédito es la 'única solución'.
