El doble crimen de Taboadela, pendiente del Constitucional

La acusación particular que representa a la hija de las víctimas, a la postre hermana del principal sospechoso tanto para ella como también para las fuerzas de seguridad y el ministerio fiscal, está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si admite a trámite o no -para su posterior estudio- el recurso de amparo en el que se reclama una sentencia que revoque el auto de 30 de septiembre de 2013 rubricado por de la Audiencia de Ourense en el que decide el sobreseimiento de la causa por asesinato seguida contra Martínez Campos y María Rosa Ramos por encubridora.

El amparo -con número de registro 6.325/13 -, un recurso de carácter extraordinario que sólo cabe si se demuestra la vulneración de preceptos constitucionales, argumenta a lo largo de 110 folios por qué, a su entender, deber ser anulado el auto de la Audiencia y, por ende, permitir la transformación de las actuaciones que tramitó el Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad en un procedimiento encaminado por el tribunal del jurado. Invoca la vulneración del derecho fundamental de defensa y el derecho de la recurrente a la tutela efectiva de jueces y tribunales en base a lo establecido en los artículos 24.1 y 53.2 de la Carta Magna. En ese sentido, proclama que la decisión de la Audiencia dando por concluida la investigación en torno al tiroteo de Amando cercena el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, en este caso, la hermana del matrimonio brutalmente asesinado en su casa.

El recurso plantea que los distintos indicios obtenidos por la Guardia Civil durante meses apuntan a la presunta comisión del doble crimen por parte de José Miguel Martínez Campos, con quien los fallecidos no mantenían una relación cordial. De hecho, consta en las actuaciones el carácter violento que exhibió el sospechoso durante años hacia sus padres e incluso hacia su propia hermana, quien describió escenas de maltrato (dieron origen a otro proceso penal que fue archivado).

Martínez Campos fue condenado en febrero del pasado año a cuatro años y tres meses de prisión por amenazar, maniatar y encañonar con un arma a un amigo solo una semana antes del doble asesinato.