El ex alcalde de Calvos de Randín, Antonio Rodríguez, negó ayer ante el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense haber ordenado el inicio de las obras del vestuario de la piscina, en julio del 2006, cuando aún no habían sido contratadas.
Antonio Rodríguez, el ex alcalde de Calvos de Randín, acudió ayer al Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación a raíz de una denuncia presentada en el año 2006 por el grupo provincial del BNG de la Diputación sobre el inicio de las obras del vestuario de la piscina cuando los trabajos aún no habían sido contratados a ninguna empresa adjudicataria.
Rodríguez negó haber ordenado a la empresa Construcciones Suso Fernández el inicio de los trabajos insistiendo en que las obras eran competencia de la Diputación y dijo que el empresario empezó porque le dio la gana. Pero la Fiscalía le recordó que en su declaración durante la instrucción del sumario en el Juzgado de Bande, dijo que la paralización fue ordenada por el Ayuntamiento de Calvos de Randín.
Por su parte, un ingeniero de la Diputación dijo que esa institución no mandó parar la obra porque no consta que la cons trucción del vestuario estuviese autorizada.
Durante la vista oral también comparecieron varios testigos. El constructor Suso Fernández reconoció que había comenzado las obras para no dejar en el paro a cuatro obreros que tenía en la empresa y explicó que tanto la Diputación como el Ayuntamiento mencionado le comunicaron la paralización de la obra por orden de un juez.
Por su parte, el ahora senador Xosé Manuel Pérez Bouza (fue el que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía en su etapa de portavoz nacionalista en la institución provincial), ratificó ante el juez que levamos o caso ós tribunais porque consideramos unha ilegalidade que se fixese a obra sin estar contratada previamente.
El secretario de la Diputación, Francisco Cacharro Gosende, también compareció como testigo manifestando que la institución provincial no tenía conocimiento del comienzo de la obra por ser, apuntó, municipal y desarrollarse en terrenos que pertenecen al ayuntamiento.
El juicio no quedó visto para sentencia porque todavía se reanudará el próximo 23 de este mes debido a la ausencia de dos testigos.
Rodríguez negó haber ordenado a la empresa Construcciones Suso Fernández el inicio de los trabajos insistiendo en que las obras eran competencia de la Diputación y dijo que el empresario empezó porque le dio la gana. Pero la Fiscalía le recordó que en su declaración durante la instrucción del sumario en el Juzgado de Bande, dijo que la paralización fue ordenada por el Ayuntamiento de Calvos de Randín.
Por su parte, un ingeniero de la Diputación dijo que esa institución no mandó parar la obra porque no consta que la cons trucción del vestuario estuviese autorizada.
Durante la vista oral también comparecieron varios testigos. El constructor Suso Fernández reconoció que había comenzado las obras para no dejar en el paro a cuatro obreros que tenía en la empresa y explicó que tanto la Diputación como el Ayuntamiento mencionado le comunicaron la paralización de la obra por orden de un juez.
Por su parte, el ahora senador Xosé Manuel Pérez Bouza (fue el que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía en su etapa de portavoz nacionalista en la institución provincial), ratificó ante el juez que levamos o caso ós tribunais porque consideramos unha ilegalidade que se fixese a obra sin estar contratada previamente.
El secretario de la Diputación, Francisco Cacharro Gosende, también compareció como testigo manifestando que la institución provincial no tenía conocimiento del comienzo de la obra por ser, apuntó, municipal y desarrollarse en terrenos que pertenecen al ayuntamiento.
El juicio no quedó visto para sentencia porque todavía se reanudará el próximo 23 de este mes debido a la ausencia de dos testigos.
