La segunda jornada del juicio contra el expresidente de Ucosa, Óscar Sánchez Ruido, y los empresarios vigueses Guillermo Alvarello y Jesús Parente por supuestas facturas falsas vinculadas a la construcción del centro comercial Ponte Vella por valor de 1,65 millones, sirvió para que una inspectora de Hacienda pusiera en evidencia que esas facturas presentadas por pequeñas constructoras 'coincidían con certificaciones de obra de Dragados, en cantidades y conceptos'. Según declaró, en la reunión que mantuvo con Sánchez Ruido para hablar de esta anomalía, el empresario no pudo justificar los gastos más que con las facturas.
Asimismo, la inspectora afirmó que Hacienda sospechó de lo que sucedía porque a las empresas que presentaron las facturas (como Construcciones Baved) 'les imputaban ingresos importantes (procedentes de Ucosa) y no declaraban nada', lo que, unido a otros indicios, les llevó a pensar que 'a lo mejor no es que no declarasen nada, a lo mejor es que presuntamente estaban emitiendo facturas falsas'.
Mientras, el director técnico de Superco, José Noya, encargado de visar la gran mayoría de las facturas de Ucosa, declaró que los trabajos abonados por las facturas investigadas 'no se habían ejecutado en la obra por esas empresas e incluso esos trabajos no se hicieron ahí'.
Durante la sesión de ayer, declaró también el que fue secretario del consejo de administración de Ucosa, Francisco Barros, que aseguró que Sánchez Ruido y él tenían autorización para firmar cheques 'y, al ver la firma del presidente, firmaba sin problema ninguno', aunque recalcó que 'nunca cobré ningún cheque'.
El juicio, por el que los acusados se enfrentan a cinco años de cárcel por supuesta falsedad en documento mercantil y apropiación indebida (tres años más para Sánchez Ruido por presunto fraude fiscal), quedará visto hoy para sentencia. El alcalde, Agustín Fernández, declarará como perito por su trabajo en la Agencia Tributaria.
Mientras, el director técnico de Superco, José Noya, encargado de visar la gran mayoría de las facturas de Ucosa, declaró que los trabajos abonados por las facturas investigadas 'no se habían ejecutado en la obra por esas empresas e incluso esos trabajos no se hicieron ahí'.
Durante la sesión de ayer, declaró también el que fue secretario del consejo de administración de Ucosa, Francisco Barros, que aseguró que Sánchez Ruido y él tenían autorización para firmar cheques 'y, al ver la firma del presidente, firmaba sin problema ninguno', aunque recalcó que 'nunca cobré ningún cheque'.
El juicio, por el que los acusados se enfrentan a cinco años de cárcel por supuesta falsedad en documento mercantil y apropiación indebida (tres años más para Sánchez Ruido por presunto fraude fiscal), quedará visto hoy para sentencia. El alcalde, Agustín Fernández, declarará como perito por su trabajo en la Agencia Tributaria.
