Tres ciudadanos lusos, dos conocidos como delincuentes comunes y otro que fue socio del empresario Guillermo Collarte, se sentarán en el banquillo del Penal 1 acusados de extorsionar a su hija, exigiéndole dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de sus hijos. Los hechos ocurrieron a caballo de 2002 y 200.
Diez años después de la desaparición del empresario ourensano Guillermo Collarte en la localidad lusa de Valença do Minho, el caso judicializado entra en pista. Para el día 20 de noviembre está fijada la apertura del juicio oral contra tres personas que, bien directa o indirectamente (testigos), están relacionadas en el proceso penal por el secuestro del industrial que se verá en el país vecino (aún sin fecha). De hecho, este primer juicio puede resultar clave a la hora de obtener pruebas de cargo contra dos de los inculpados en Portugal: José Lopes Rodrigues, el encargado de gestionar la construcción y las ventas de pisos que en 1999 Collarte promovía en Valença y la última persona que lo vio con vida, y Víctor Manuel Dias Pereira (considerado por la Policía delincuente común), quien el 29 de marzo de 2003 ingresó en prisión por el robo a punta de pistola a un banco. Estos dos junto a un tercero, Joao Fernandes, cómplice de Dias en el atraco, están procesados en Ourense por un delito de amenazas y lesiones (psíquicas) a la hija del empresario.
La acusación particular, que ejerce la familia Collarte, reclama una condena de cinco años de cárcel para cada uno de ellos mientras que el Ministerio Fiscal la rebaja a tres años y nueve meses (cada uno), si bien deja fuera de la acusación al intermediario de Collarte en la urba nización del Edificio del Mercado, el ex concejal José Lopes.
Por su parte, las defensas plantean la absolución, al no reconocer los imputados los delitos e incluso, el día del juicio, plantearán la prescripción por el tiempo transcurrido, ya que las diligencias comenzaron en 2002 por el antiguo Juzgado mixto número 5 de la ciudad.
Nueve llamadas
Los hechos que sustentan esta imputación acontecieron entre el mes de junio de 2002 y marzo de 2003. Según coinciden las acusaciones, en ese periodo se efectuaron nueve llamadas telefónicas a la hija del empresario, Berta Collarte, exigiéndole diversas cantidades de dinero y amenazándola tanto a ella como al resto de la familia con matarla en caso de que no las entregase.
La petición pecuniaria, en nombre de una organización internacional (primero fue su padre, ahora usted, le dijeron), comenzó con 10.000 euros y pasó a 1,2 millones de euros (Bertita, tu serás la siguiente, habrá muertes, tus hijos desaparecerán), según consta en las diligencias elaboradas en más de siete años de instrucción penal.
Un dato en el que la familia sustenta la acusación al socio de Collarte es el hecho de que la persona que efectuaba las llamadas demostraba un conocimiento de lo qué ocurría en el entorno empresarial de la familia. Así, en el último contacto, efectuado el 20 de marzo de 2003, el interlocutor constató que era sabedor de que la hija acababa de firmar un negocio, en relación a la venta de las acciones a los socios lusos de su padre.
La investigación, a través de los informes de identificación de voz de la Policía Científica, atribuyó la autoría de las nueve llamadas amenazantes a Víctor Manuel Dias. Además, según destaca el abogado Gustavo García, las llamadas se realizan desde lugares que corresponden al entorno de residencia y lugares en que consta su actuación delictiva. La pista con la que relaciona a los otros dos acusados es el cruce de intercambios telefónicos y sus contradicciones en las declaraciones aportadas.
La acusación particular, que ejerce la familia Collarte, reclama una condena de cinco años de cárcel para cada uno de ellos mientras que el Ministerio Fiscal la rebaja a tres años y nueve meses (cada uno), si bien deja fuera de la acusación al intermediario de Collarte en la urba nización del Edificio del Mercado, el ex concejal José Lopes.
Por su parte, las defensas plantean la absolución, al no reconocer los imputados los delitos e incluso, el día del juicio, plantearán la prescripción por el tiempo transcurrido, ya que las diligencias comenzaron en 2002 por el antiguo Juzgado mixto número 5 de la ciudad.
Nueve llamadas
Los hechos que sustentan esta imputación acontecieron entre el mes de junio de 2002 y marzo de 2003. Según coinciden las acusaciones, en ese periodo se efectuaron nueve llamadas telefónicas a la hija del empresario, Berta Collarte, exigiéndole diversas cantidades de dinero y amenazándola tanto a ella como al resto de la familia con matarla en caso de que no las entregase.
La petición pecuniaria, en nombre de una organización internacional (primero fue su padre, ahora usted, le dijeron), comenzó con 10.000 euros y pasó a 1,2 millones de euros (Bertita, tu serás la siguiente, habrá muertes, tus hijos desaparecerán), según consta en las diligencias elaboradas en más de siete años de instrucción penal.
Un dato en el que la familia sustenta la acusación al socio de Collarte es el hecho de que la persona que efectuaba las llamadas demostraba un conocimiento de lo qué ocurría en el entorno empresarial de la familia. Así, en el último contacto, efectuado el 20 de marzo de 2003, el interlocutor constató que era sabedor de que la hija acababa de firmar un negocio, en relación a la venta de las acciones a los socios lusos de su padre.
La investigación, a través de los informes de identificación de voz de la Policía Científica, atribuyó la autoría de las nueve llamadas amenazantes a Víctor Manuel Dias. Además, según destaca el abogado Gustavo García, las llamadas se realizan desde lugares que corresponden al entorno de residencia y lugares en que consta su actuación delictiva. La pista con la que relaciona a los otros dos acusados es el cruce de intercambios telefónicos y sus contradicciones en las declaraciones aportadas.
