El Ministerio Fiscal se acaba de adherir a la petición del abogado del Estado para reclamar el ingreso en prisión de un empresario del sector de la madera afincado en O Carballiño, Javier Paz Carbajales, condenado en diciembre de 2009 por la Audiencia provincial por un delito de fraude a la Agencia Tributaria.
La sentencia, que en primera instancia había sido absolutoria, le imponía un año de cárcel y lo obligaba a pagar una multa de 130.865 euros, la misma cantidad con la que debía indemnizar al erario en concepto de responsabilidad civil. No obstante, el encargado de ejecutar el fallo -el Juzgado de lo Penal número uno de Ourense- lo exoneró de ingresar en prisión (por ser una condena inferior a dos años). Aunque en estos supuestos es imprescindible hacer frente a las responsabilidades civiles para eludir la prisión, el empresario se declaró insolvente.
Sin embargo, esa supuesta falta de recursos económicos no convenció al abogado del Estado, que instó a una pormenorizada investigación por parte de la Agencia Tributaria, en la que también participaron agentes de Vigilancia Aduanera con el fin de realizar el seguimiento a Paz Carbajales. Según fuentes cercanas a esos departamentos, 'el elevado tren de vida del empresario' no era acorde con la situación de insolvencia declarada. En un informe, se detalla la transmisión de bienes, que según la Agencia Tributaria, realizó a nombre de terceros (familiares), la adquisición de vehículos y los negocios en activo gestionados por él.
Además, el abogado del Estado aportó un informe de Vigilancia Aduanera en el que se da fe de que pagó en metálico a proveedores de madera y firmó albaranes a los transportistas de mercancías, a los que los inspectores paraban para comprobar que habían cobrado y que, por tanto, la insolvencia no era tal.
A raíz de ello, la acusación particular ejercida por el Estado reclamó a la jueza que revoque la suspensión de la pena por tratarse de una 'insolvencia aparente' y ordene su inmediato ingreso en prisión. La última palabra la tendrá ahora la titular del Penal número uno, una vez leídos los informes de todas las partes. Fuentes judiciales consultadas confirmaron que 'todavía está pendiente de resolver' la posible revocación de la suspensión de la pena.
Sin embargo, esa supuesta falta de recursos económicos no convenció al abogado del Estado, que instó a una pormenorizada investigación por parte de la Agencia Tributaria, en la que también participaron agentes de Vigilancia Aduanera con el fin de realizar el seguimiento a Paz Carbajales. Según fuentes cercanas a esos departamentos, 'el elevado tren de vida del empresario' no era acorde con la situación de insolvencia declarada. En un informe, se detalla la transmisión de bienes, que según la Agencia Tributaria, realizó a nombre de terceros (familiares), la adquisición de vehículos y los negocios en activo gestionados por él.
Además, el abogado del Estado aportó un informe de Vigilancia Aduanera en el que se da fe de que pagó en metálico a proveedores de madera y firmó albaranes a los transportistas de mercancías, a los que los inspectores paraban para comprobar que habían cobrado y que, por tanto, la insolvencia no era tal.
A raíz de ello, la acusación particular ejercida por el Estado reclamó a la jueza que revoque la suspensión de la pena por tratarse de una 'insolvencia aparente' y ordene su inmediato ingreso en prisión. La última palabra la tendrá ahora la titular del Penal número uno, una vez leídos los informes de todas las partes. Fuentes judiciales consultadas confirmaron que 'todavía está pendiente de resolver' la posible revocación de la suspensión de la pena.
