El juicio sobre las facturas falsas de Ucosa quedó ayer visto para sentencia después de que la fiscal modificase sus conclusiones y rebajase a más de la mitad las penas que solicita para los tres acusados, al aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, puesto que la desviación de más de 1,6 millones de euros de Ucosa salió a la luz hace una década.
Con esta variación, el expresidente del consejo de administración de Ucosa, Óscar Sánchez Ruido, se enfrenta ahora a una pena de tres años y medio de prisión (antes ocho) por los delitos contra la Hacienda pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de apropiación indebida. La petición de la fiscal rebaja también la multa 800.000 euros, frente a los 1,7 millones solicitados inicialmente.
Mientras, los empresarios vigueses a los que atribuye la elaboración de las facturas falsas, Guillermo Alvarellos y Jesús Parente, se enfrentan ahora a dos años de cárcel, frente a los cinco solicitados inicialmente. Las defensas, por su parte, mantuvieron sus peticiones de libre absolución para los acusados. Asimismo, el abogado del Estado reclamó que Ucosa sea considerada responsable civil subsidiaria en el caso del delito fiscal que se le atribuye a Sánchez Ruido, por 'haberse beneficiado de las deducciones', según afirmó el letrado. Por este concepto,Sánchez Ruido se enfrenta al pago de más de 600.000 euros, que se añaden a la indemnización por 1,65 millones a Ucosa, con los otros dos acusados.
En la jornada de ayer, que comenzó con unos minutos de retraso por una llamada telefónica del fiscal jefe a la fiscal de la sala, según la presidenta del tribunal, los peritos volvieron a insistir en que las facturas falsas tenían el mismo concepto que otras abonadas legalmente a Ucosa. El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, declaró como perito por su trabajo como inspector de Hacienda.
Mientras, los empresarios vigueses a los que atribuye la elaboración de las facturas falsas, Guillermo Alvarellos y Jesús Parente, se enfrentan ahora a dos años de cárcel, frente a los cinco solicitados inicialmente. Las defensas, por su parte, mantuvieron sus peticiones de libre absolución para los acusados. Asimismo, el abogado del Estado reclamó que Ucosa sea considerada responsable civil subsidiaria en el caso del delito fiscal que se le atribuye a Sánchez Ruido, por 'haberse beneficiado de las deducciones', según afirmó el letrado. Por este concepto,Sánchez Ruido se enfrenta al pago de más de 600.000 euros, que se añaden a la indemnización por 1,65 millones a Ucosa, con los otros dos acusados.
En la jornada de ayer, que comenzó con unos minutos de retraso por una llamada telefónica del fiscal jefe a la fiscal de la sala, según la presidenta del tribunal, los peritos volvieron a insistir en que las facturas falsas tenían el mismo concepto que otras abonadas legalmente a Ucosa. El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, declaró como perito por su trabajo como inspector de Hacienda.
