El futuro del proyecto de la Finca Santamarina está en el aire. Así quedó de manifiesto ayer en la vista oral en la que Flager recurría ante la Audiencia provincial la medida cautelar que mantiene la anotación preventiva sobre toda la finca en el Registro de la Propiedad.
El letrado de la promotora pintó un negro futuro para su proyecto si el tribunal no accede a su petición de que la anotación afecte únicamente a las parcelas residenciales, liberando la prevista para El Corte Inglés. 'De no hacerse la operación con El Corte Inglés, los detentadores del embargo (los reversionistas que trSasmitieron sus derechos a Flager, a los que una sentencia reconoce casi dos millones de euros) ejecutarán las fincas, saldrán a subasta y toda la urbanización quedará en el aire', dijo.
Flager insiste en que los grandes almacenes no invertirán 'ni un solo euro en una finca que tenga anotación de demanda'. También en que si se lleva a cabo la operación, los embargos se pagarán. Además, afirma, el reversionista Jesús López Freire, 'mejora ostensiblemente su posición', dado que 'pasaría a detentar la propiedad de unas fincas libres de cargas, cuyo uso sería exclusivamente residencial y de vivienda libre y no tendrían que compartir microporcentajes diseminados en fincas de uso terciario y de vivienda protegida'. Por todo ello, Flager entiende que mantener la anotación sobre toda la finca 'supondrá un perjuicio de irreparables consecuencias no sólo para esta parte sino para la totalidad de los ciudadanos, incluido el hoy recurrido (el reversionista)'.
Pero la visión de la otra parte es absolutamente distinta. Se opone a la modificación de la anotación propuesta por Flager porque entiende que, 'al quedarse solamente con la anotación preventiva de demanda en dos fincas y junto con otros reversionistas y acreedores', Flager podría vender el resto de sus parcelas y, si aparecieran nuevas reclamaciones, 'recaería todo sobre las mismas fincas, con la posibilidad evidente de que este demandante se quedase absolutamente sin nada'. El letrado de este reversionista sostiene, pues, que mantener la anotación preventiva sobre toda la finca es la única forma de 'garantizar' sus derechos sobre la misma. Y es que, según dijo en la vista oral, 'Flager no ha pagado un duro de los costes de la junta de compensación'. La Audiencia tiene ahora la palabra.
Derechos aún sin resolver
Tres reversionistas reivindican sus derechos de propiedad sobre la Finca Santamarina. Además de Jesús López, que reclama la propiedad de 14,83%, otras dos personas hacen lo propio por sendos 7,5% de la parcela. Mientras se resuelve judicialmente esta cuestión, el Juzgado acordó establecer como medida preventiva una anotación en el Registro de la Propiedad sobre las parcelas resultantes de la junta de compensación de la finca matriz en la que se reclamaba tal derecho, indivisible. Lo que Flager proponía en su recurso de apelación era que la anotación afectase al mismo porcentaje de propiedad reclamado pero concentrado en dos fincas de uso residencial. Además, sostiene que la legitimación del reversionista sería frente a la Diputación, pero éste entiende que es ante la promotora, que se hizo con la parcela ejerciendo su propio derecho de reversión, ya que 'si fuera una compraventa, estarían en la cárcel por prevaricación'.
¿Qué pasa con el centro comercial?
'Parece que lo que esta parte quiere es molestar. Lo hace porque tiene un 14,83% de la finca', se quejaba ayer en la Audiencia el abogado del reversionista Jesús López, Alfonso Grande. 'De las conversaciones mantenidas hasta la fecha con las partes contrarias, sólo se hablan de las cantidades que quieren para levantar las anotaciones', dejaba caer el letrado de Flager, Felipe Izquierdo. 'Esta parte no pide dinero por levantar las anotaciones, quiere que se mantengan y se reconozca su derecho de propiedad sobre la finca', concluyó Grande.
La situación actual de la Finca Santamarina está enmarañada judicialmente. Las anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad no impiden, de facto, la llegada de El Corte Inglés, pero Flager ha sostenido desde el principio que la empresa quiere la parcela libre de cargas. Aun así, Grande cree que es 'irrisorio' que 'un propietario con un 14,83% de la finca, que se quedaría como mucho en un tres o cuatro por ciento del total después de pagar gastos, sea capaz de frenar la adquisición al mismísimo El Corte Inglés de un inmueble cuya inversión puede llegar a los 15 ó 20 millones de euros'. A su juicio, 'la operación no se realiza porque a día de hoy El Corte Inglés carece de fondos para hacer frente a ella' Y es que, a su juicio, 'una empresa que no puede garantizar a El Corte Inglés la devolución de un aval del 14%, ¿qué solvencia tiene?'.
Aunque la empresa madrileña aún no se ha pronunciado, Izquierdo insistía ayer en que, en una reunión mantenida el pasado 26 de enero con el director de la asesoría jurídica de la compañía, le reiteró que quiere una finca libre de cargas. El letrado de Flager incluso alentó a la otra parte a retirar la anotación sobre la finca comercial 'y comprobaremos quién dice la verdad'. El abogado también cuestionó que la medida preventiva sea 'palmariamente desproporcionada' y no siga el principio de 'proporcionalidad y el justo equilibrio de prestaciones', al 'trabar unas fincas con un valor de compra superior a los ocho millones de euros y paralizar la actividad en ellas por la ridícula suma de 3.000 euros (la cantidad aportada para el proceso)'.
Flager insiste en que los grandes almacenes no invertirán 'ni un solo euro en una finca que tenga anotación de demanda'. También en que si se lleva a cabo la operación, los embargos se pagarán. Además, afirma, el reversionista Jesús López Freire, 'mejora ostensiblemente su posición', dado que 'pasaría a detentar la propiedad de unas fincas libres de cargas, cuyo uso sería exclusivamente residencial y de vivienda libre y no tendrían que compartir microporcentajes diseminados en fincas de uso terciario y de vivienda protegida'. Por todo ello, Flager entiende que mantener la anotación sobre toda la finca 'supondrá un perjuicio de irreparables consecuencias no sólo para esta parte sino para la totalidad de los ciudadanos, incluido el hoy recurrido (el reversionista)'.
Pero la visión de la otra parte es absolutamente distinta. Se opone a la modificación de la anotación propuesta por Flager porque entiende que, 'al quedarse solamente con la anotación preventiva de demanda en dos fincas y junto con otros reversionistas y acreedores', Flager podría vender el resto de sus parcelas y, si aparecieran nuevas reclamaciones, 'recaería todo sobre las mismas fincas, con la posibilidad evidente de que este demandante se quedase absolutamente sin nada'. El letrado de este reversionista sostiene, pues, que mantener la anotación preventiva sobre toda la finca es la única forma de 'garantizar' sus derechos sobre la misma. Y es que, según dijo en la vista oral, 'Flager no ha pagado un duro de los costes de la junta de compensación'. La Audiencia tiene ahora la palabra.
Derechos aún sin resolver
Tres reversionistas reivindican sus derechos de propiedad sobre la Finca Santamarina. Además de Jesús López, que reclama la propiedad de 14,83%, otras dos personas hacen lo propio por sendos 7,5% de la parcela. Mientras se resuelve judicialmente esta cuestión, el Juzgado acordó establecer como medida preventiva una anotación en el Registro de la Propiedad sobre las parcelas resultantes de la junta de compensación de la finca matriz en la que se reclamaba tal derecho, indivisible. Lo que Flager proponía en su recurso de apelación era que la anotación afectase al mismo porcentaje de propiedad reclamado pero concentrado en dos fincas de uso residencial. Además, sostiene que la legitimación del reversionista sería frente a la Diputación, pero éste entiende que es ante la promotora, que se hizo con la parcela ejerciendo su propio derecho de reversión, ya que 'si fuera una compraventa, estarían en la cárcel por prevaricación'.
¿Qué pasa con el centro comercial?
'Parece que lo que esta parte quiere es molestar. Lo hace porque tiene un 14,83% de la finca', se quejaba ayer en la Audiencia el abogado del reversionista Jesús López, Alfonso Grande. 'De las conversaciones mantenidas hasta la fecha con las partes contrarias, sólo se hablan de las cantidades que quieren para levantar las anotaciones', dejaba caer el letrado de Flager, Felipe Izquierdo. 'Esta parte no pide dinero por levantar las anotaciones, quiere que se mantengan y se reconozca su derecho de propiedad sobre la finca', concluyó Grande.
La situación actual de la Finca Santamarina está enmarañada judicialmente. Las anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad no impiden, de facto, la llegada de El Corte Inglés, pero Flager ha sostenido desde el principio que la empresa quiere la parcela libre de cargas. Aun así, Grande cree que es 'irrisorio' que 'un propietario con un 14,83% de la finca, que se quedaría como mucho en un tres o cuatro por ciento del total después de pagar gastos, sea capaz de frenar la adquisición al mismísimo El Corte Inglés de un inmueble cuya inversión puede llegar a los 15 ó 20 millones de euros'. A su juicio, 'la operación no se realiza porque a día de hoy El Corte Inglés carece de fondos para hacer frente a ella' Y es que, a su juicio, 'una empresa que no puede garantizar a El Corte Inglés la devolución de un aval del 14%, ¿qué solvencia tiene?'.
Aunque la empresa madrileña aún no se ha pronunciado, Izquierdo insistía ayer en que, en una reunión mantenida el pasado 26 de enero con el director de la asesoría jurídica de la compañía, le reiteró que quiere una finca libre de cargas. El letrado de Flager incluso alentó a la otra parte a retirar la anotación sobre la finca comercial 'y comprobaremos quién dice la verdad'. El abogado también cuestionó que la medida preventiva sea 'palmariamente desproporcionada' y no siga el principio de 'proporcionalidad y el justo equilibrio de prestaciones', al 'trabar unas fincas con un valor de compra superior a los ocho millones de euros y paralizar la actividad en ellas por la ridícula suma de 3.000 euros (la cantidad aportada para el proceso)'.
