La Diputación y Flager volverán a verse hoy las caras en el Juzgado de Primera Instancia número 2. Lo harán con motivo del juicio en el que se dirimirá la demanda interpuesta por la institución provincial para reclamar el cumplimiento de un acuerdo privado entre las partes por un valor total de 2,4 millones de euros.
Aquel contrato, firmado el 20 de abril de 2007, tenía como objetivo compensar las diferencias de adjudicación advertidas en el proyecto de compensación de la Finca Santamarina. En el documento, Flager se comprometía a ceder a la Diputación una de sus parcelas (1B), valorada en 2,1 millones de euros, abonar el equivalente a 501 metros cuadrados de uso residencial libre (más de 210.000 euros) y permutar la parcela 9 de la Diputación por la 5, de Flager, ambas del mismo valor. Con este compromiso, la inmobiliaria lograba que la entidad provincial retirase las alegaciones que había presentado al proyecto de compensación, desbloqueándolo así y dejándolo libre para que el Concello lo aprobase definitivamente, como así fue.
En la vista previa, celebrada el pasado 16 de diciembre, Flager no negó la existencia de este acuerdo pero alegó que era nulo porque lo había firmado bajo 'presión', puesto que, aseguró, temía que las alegaciones de la Diputación paralizasen el proyecto de compensación y llegara a perder el acuerdo con El Corte Inglés. La Diputación, en cambio, quiere que se cumpla el contrato, dado que se siente perjudicada por el reparto de las parcelas. En todo caso, los protagonistas del acuerdo expondrán esta mañana sus posiciones ante la juez.
La Diputación y Flager mantienen otros dos frentes abiertos. Por un lado, la institución provincial recurrió el acuerdo municipal que permitía la urbanización por fases de la Finca Santamarina, dado que sus parcelas quedan para la última etapa. Por su parte, Flager le reclama (por el momento, por vía administrativa) los siete millones de euros que tuvo que pagar a los reversionistas.
En la vista previa, celebrada el pasado 16 de diciembre, Flager no negó la existencia de este acuerdo pero alegó que era nulo porque lo había firmado bajo 'presión', puesto que, aseguró, temía que las alegaciones de la Diputación paralizasen el proyecto de compensación y llegara a perder el acuerdo con El Corte Inglés. La Diputación, en cambio, quiere que se cumpla el contrato, dado que se siente perjudicada por el reparto de las parcelas. En todo caso, los protagonistas del acuerdo expondrán esta mañana sus posiciones ante la juez.
La Diputación y Flager mantienen otros dos frentes abiertos. Por un lado, la institución provincial recurrió el acuerdo municipal que permitía la urbanización por fases de la Finca Santamarina, dado que sus parcelas quedan para la última etapa. Por su parte, Flager le reclama (por el momento, por vía administrativa) los siete millones de euros que tuvo que pagar a los reversionistas.
