Fernando Alañón, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) alerta de que la conocida como ley del “solo sí es sí” implicará “próximamente” que haya “muchos más casos en Ourense” como el del agresor sexual Josué B.S, liberado de prisión tras rebajársele la pena con esta nueva normativa. “Desde luego, lo que se ha conseguido es beneficiar a los casos más graves. No era lo que perseguía el legislador”, insiste Alañón. En este sentido, cabe mencionar el ejemplo de los casos de violación con penetración, ya que las penas mínimas para uno de los delitos más graves de este tipo han pasado de 6 a 4 años con la nueva ley, mientras que las máximas se mantienen en 12.
Los jueces, que ayer reiteraron a nivel nacional su amplia formación en género, no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley. “Es un recurso y aplica automáticamente”, añade Alañón. En este mismo punto incide el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, que se refiere al caso de Josué: “Los magistrados de Ourense se han limitado a aplicar la ley, de no hacerlo supondría incurrir en una detención ilegal o prevaricación incluso”. Piña recuerda que la fiscal informó favorablemente: “Nosotros no nos inventamos nada”.
La preocupación está sobre la mesa. “En el TSXG la mitad de los asuntos son delitos sexuales, así que teniendo en cuenta esto… Habrá muchos casos”, añade Alañón.
La abogada Victoria Diéguez, una de las fundadoras del colectivo feminista ourensano Falando Nós, señala que “es verdad que va a haber revisiones” y que “se debió haber previsto” a la hora de comprobar las consecuencias de la ley.
Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, salió ayer en defensa de los juristas tras las críticas de “machismo” vertidas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, hacia los magistrados. Carmona señala que los integrantes de la carrera judicial “tienen una sólida formación en materia de violencia de género”.
Desde el lado de las víctimas habla Beatriz López Varela, directora del Centro de Información Municipal á Muller (CIMM) de Ourense -atienden a 200 mujeres al año-, que reivindica el “trabajo con las supervivientes, por lo que exigimos que se garantice un marco de seguridad para ellas con esta ley con todas”. Admite que es “alarmante” el goteo de casos revisados que empieza a haber en España, “pero también hay que tener precaución y ver cómo se va desarrollando en otros juicios”. Con todo, “el foco siempre deben ser las víctimas”.
Pablo Raúl Bonorino es profesor de Derecho en el Campus y, precisamente, hace unos días organizó una jornada sobre la nueva ley. Opina que “en España tenemos un sistema de castigos muy altos para este tipo de delitos en relación a otros países europeos”. En relación al goteo de sentencias que están revisándose y terminan con la reducción de penas, Bonorino dice que “rebajar la pena un ano no me preocupa, siempre que no se despenalice”. Cree que, con la ley nueva, “serán casos aislados”.
Antía Pousa, de la Marcha Mundial das Mulleres en Ourense, dice que “pode haber efecto chamada, pero nós cremos que o sistema de punitivismo no acaba de ir a raíz do sistema patriarcal, o aumento das penas non é o adecuado porque é unha medida curtopracista que non vai á profundidade do sistema que nos oprime”. Sí cree que “o agresor que teña un certo poder económico e un bo bufete de avogados estará desexando a revisión, pero forma parte da lexislación”.
